Cristian Letelier y Ramón Barros denunciaron una mala interpretación de la normativa respecto de la comercialización de aguas servidas por parte de las empresas concesionarias. Por este motivo solicitaron un pronunciamiento de la Contraloría General de la República acerca de la procedencia de esta situación.

Letelier precisó que “al momento que las empresas concesionarias pretenden comercializar las aguas servidas, cobrando un precio por ello, vulneran abiertamente la Constitución Política de La República, debido a que pretenden cobrar por un bien que no les pertenece en absoluto, sino que es dominio de la Nación”.

Ramón Barros hizo hincapié en que “las aguas son bienes nacionales de uso público y la ley establece la imposibilidad de ser propietario de las aguas, aún si éstas son aguas servidas”.

Además agregó que “las empresas sanitarias sólo poseen una concesión para la prestación de un servicio público, por el cual ya cobran una tarifa respectiva. No procede entonces que estén incurriendo en la comercialización de aguas servidas”.