“Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia”, aseguró el lunes en París la hija de uno de los cuatro franceses secuestrados por la dictadura chilena (1973-90) cuyo caso llegará a los tribunales de París 37 años después de su desaparición.
“Esperamos que estos crímenes sean reconocidos a nivel internacional”, confió Natalia Chanfreau, hija de Alphonse Chanfreau, carismático líder estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) secuestrado en Santiago el 30 de julio de 1974.
Entonces Natalia Chanfreau era una niña. Cuarenta años después asegura que la “sensación de impunidad es casi cotidiana”. “Tengo la impresión de que voy a encontrármelos en la calle”, confesó a la prensa antes de asegurar que “desearía que las condenas fueran efectivas, pues en Chile siguen teniendo la posibilidad de moverse”.
Doce militares chilenos, un civil y un militar argentino serán juzgados en ausencia del 8 al 17 de diciembre ante el Tribunal de lo Criminal de París por secuestro y tortura seguida de desaparición de cuatro franceses entre 1973 y 1975.
Las penas no se harán efectivas a menos que los acusados, sobre los cuales pesan órdenes de captura internacional, salgan de Chile.
“Aún si no están acá, deberán enfrentar la decisión judicial”, sostuvo Natalia Chanfreau, acompañada por Vanessa Klein, hija de Georges Klein, consejero de Salvador Allende secuestrado el 11 de septiembre de 1973 tras el asalto militar al palacio de La Moneda.
Junto a ellas también estaba Jeanine Claudet, hermana de Jean Yves Claudet, militante del MIR secuestrado en Buenos Aires por agentes de la DINA.
“No esperamos un milagro, pero será un primer paso de la justicia pues hay muchas familias en Chile y en América Latina que ni siquiera tendrán esta pequeña justicia”, aseguró esta sexagenaria conteniendo las lágrimas antes de explicar que su cuñada y esposa de su hermano desaparecido falleció hace poco más de dos semanas.
Las tres mujeres, que viven en Chile y se trasladaron a París con motivo del juicio, llegaron precedidas por sus abogados y los representantes legales de las asociaciones de derechos humanos y de ex presos políticos chilenos que impulsaron esta causa en 1998, justo cuando Pinochet era detenido en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón.
William Bourdon resaltó el “valor simbólico e histórico” del juicio en Francia “pues será el único proceso que permitirá hacer una fotografía judicial precisa, global y casi exhaustiva del aparato represivo instaurado por el general Augusto Pinochet”, fallecido el 10 de diciembre de 2006.
Pero el letrado dijo que las familias lamentan la “falta de voluntad política para que este juicio tuviera lugar antes, cuando Pinochet estaba vivo” y que “Chile no haya entregado a sus ciudadanos” acusados en Francia.
“No basta con una Corte Penal Internacional (CPI) (…) Necesitamos un texto internacional que obligue a los Estados a entregar a sus propios ciudadanos cuando se trata de crímenes contra la humanidad”, sostuvo el letrado.
“Chile debió haber entregado a esos ciudadanos” a la justicia francesa, sostuvo Bourdon, para quien la ausencia de abogados de los acusados traduce “la voluntad política de no legitimar el proceso judicial en Francia”.
Su colega Sophie Thonon criticó a la justicia chilena por “olvidadiza y con lagunas”, aunque subrayó el esfuerzo desplegado por el juez chileno Juan Guzmán Tapia que estuvo “a un paso de condenar a Augusto Pinochet estando vivo”.
La dictadura chilena dejó más de 3.000 muertos y desaparecidos.
El juicio concluirá el 17 de diciembre. Ese mismo día el Tribunal presidido por el juez Pierre Kremer anunciará la sentencia.
