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El presidente peruano Alan García descartó que un polémico decreto, que dispone el archivamiento de una causa cuando pasan 36 meses sin sentencia, pueda beneficiar a militares acusados de crímenes de lesa humanidad.

En declaraciones formuladas durante la inauguración de un centro comercial en Lima, García subrayó que estudió “exhaustivamente el decreto y puedo garantizarles que para violadores de derechos humanos, para gente que ha cometido delitos atroces, esto no tiene ningún efecto”.

García se refirió específicamente al Grupo Colina -un clandestino escuadrón de la muerte formado por militares y autor de crímenes de lesa humanidad- y afirmó que el decreto no favorece a sus miembros.

“Nosotros como generadores de la ley decimos que no es aplicable (para el grupo Colina), por consiguiente la voluntad del legislador es que no es aplicable y punto”, aseveró.

“¿Si no es así, para qué sirve no sólo lo que está escrito, sino la voluntad con la que se escribió? Somos muy claros en eso, a mí no me van a venir con amnistías ni esos cuentos a esta altura de la vida”, agregó.

El grupo Colina operó a la sombra del régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y actualmente se les procesa por una matanza en que murieron 15 personas en 1991.

Sus integrantes pidieron el lunes al tribunal que los juzga acogerse al decreto legislativo 1097 que dispone el archivamiento de los procesos cuando se ha sobrepasado el plazo de 36 meses que tiene la justicia para enjuiciar y dictar sentencia.

Dicha norma junto a otras tres dictadas la semana pasada han generado duras críticas de grupos defensores de DDHH que sostienen que encierran una “amnistía encubierta” para dejar impunes a violadores de DDHH durante la guerra interna contra grupos subversivos entre 1980 y 2000.