Con 105 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación y despachó al Senado la iniciativa del Ejecutivo que permitirá disponer de unos 10 mil nuevos funcionarios policiales para tareas operativas de orden y seguridad.

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La propuesta legal incrementará el personal de Carabineros de Chile en un periodo de cuatro años a través del aumento de la planta en 7.774 efectivos; la contratación de personal civil en otros 1.689, liberando igual cantidad que actualmente cumplen labores administrativas; e integrando en calidad de funcionarios a 537 carabineros en situación de retiro absoluto mediante el llamado al servicio, lo cual también libera igual cantidad de Carabineros activos del escalafón de orden y seguridad para que realicen funciones operativas.

El Gobierno fundamentó esta iniciativa en la necesidad de superar el déficit de más de 15 mil policías que presenta actualmente la institución uniformada, derivada de las nuevas funciones que ha debido asumir Carabineros a raíz de la puesta en marcha del Plan Cuadrante, las modificaciones a la Ley sobre Control de Armas y la extensión a todo el territorio del nuevo sistema procesal penal. También las autoridades ponen énfasis en que este es un instrumento para avanzar en la reducción en los índices de delincuencia, uno de los objetivos prioritarios planteados en el programa de gobierno del Presidente Piñera.

El proyecto tenía suma urgencia y su discusión en la Sala se encontraba pendiente desde el 19 de agosto pasado.

En el debate intervino una docena de parlamentarios, todos los cuales expresaron su respaldo a la iniciativa y testimoniaron su interés en que el nuevo contingente sea adecuadamente distribuido de acuerdo a los requerimientos de Santiago y las regiones.

En tal sentido el diputado Carlos Montes (PS) manifestó la necesidad de que los nuevos efectivos ayuden a paliar el déficit que registra la Región Metropolitana en materia de contingente policial, mientras que el diputado Ignacio Urrutia (UDI) hizo hincapié en las necesidades de las zonas rurales, sobre todo para combatir delitos como el abigeato.

En otro plano, el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) planteó interrogantes sobre la forma cómo se evaluará el desempeño de los nuevos efectivos y el diputado Lautaro Carmona (PC) abogó porque este aumento de personal policial no signifique más represión ni criminalización de la protesta social.

En tanto, el diputado Pedro Araya (PRI) hizo ver sus aprensiones sobre los efectos que este aumento de personal significará al sistema de salud y de previsión de Carabineros, habida cuenta del déficit que presenta el hospital institucional y Dipreca.