En la impunidad quedó el desastre químico ocurrido en el sector de Vaquería, comuna de Negrete, pese a que se realizó una acabada investigación que fue derivada a la Conama, entidad que no sancionó a las empresas involucradas.

Derrame | diariolatribuna.cl

El hecho se registró a fines de agosto de 2009, cuando una empresa contratista de Frontel, que instalaba postes en el sector de Vaquería en la comuna de Negrete, rompió un ducto que traslada residuos industriales altamente contaminantes, desde la Celulosa del Pacífico de CMPC hasta una planta tratadora.

Debido a esto miles de litros del llamado lodo negro que se derramaron sobre varias parcelas de alta productividad agrícola, amenazaron también a las napas subterráneas, de las cuales se surten unas 200 familias campesinas.

La investigación fue realizada por la autoridad sanitaria de Bío-Bío, cuyo responsable, Gonzalo Valladares, indicó a La Radio que las indagaciones que realizó la repartición fueron envidas a la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Además dijo que la Conama determinó que los antecedentes eran insuficientes para sancionar a las empresas, aún cuando hay claridad en la participación de ambas en las causas del desastre.

De este modo la investigación realizada por la delegación provincial de salud no fue suficiente para sancionar a los responsables, pese a que contaba con todo un análisis de campo, como muestreos del derrame y entrevistas a los afectados de Vaquería en Negrete.

En el mismo tema, el diputado UDI Juan Lobos instruirá una demanda contra Frontel, por su responsabilidad en el derrame.

El apoyo a los afectados fue comprometido por el parlamentario en el momento en que se registró el desastre, por lo que luego de enterarse que la Conama no sancionó a la empresa eléctrica ni a CMPC, indicó que aún queda la instancia judicial.

Dijo que revisará los antecedentes para ser presentados a los tribunales, de modo que sean ellos los que resuelvan el caso.

De este modo, las familias de Vaquería en Negrete, deberán seguir esperando por la compensación del vertimiento de residuos industriales que perjudicó sus suelos, cultivos y pozos hace casi 12 meses y por el que aún no hay responsables.