Adelantos y retrocesos observó el ex superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, en la nueva propuesta presentada por el Ejecutivo en torno al proyecto de ley que busca establecer un sistema de administración ciega para las principales autoridades del país.
La iniciativa en análisis en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fue objeto de una indicación sustitutiva, con una nueva redacción, de parte del Gobierno del presidente Sebastián Piñera. El proyecto fue presentado originalmente durante la administración de Michelle Bachelet. Dicho gobierno reemplazó el texto por una nueva propuesta en enero pasado, la cual no tuvo mucha acogida entre los parlamentarios.
Guillermo Larraín valoró que se ampliara la cobertura de autoridades obligadas a establecer mandato de administración, ya que estima que “hay muchas autoridades que tienen conflicto de interés y que sus patrimonios les pueden jugar una mala pasada”.
Asimismo, calificó positivamente el hecho que se haya disminuido y, en la práctica, eliminado el tamaño del patrimonio para diferenciar si hay que constituir o no un mandato. “De modo que ya no importa el tamaño del patrimonio, sino la característica de la autoridad y los conflictos de interés que puedan tener, lo que me parece bien”, acotó.
Sin embargo, estimó que hay algunas falencias en el proyecto tal cual está. “El proyecto contempla 2 tipos de mandatos, lo que genera una confusión bastante grande respecto de lo que se pretende de cada uno de ellos y, no sólo eso, sino además muestra una cierta falta de convencimiento de cuán ciego debe ser el mandato”, planteó.
Dijo que la liquidación de activos planteada en el mandato diversificado perfectamente se podría incorporar en el ciego y que, después de la liquidación, no hay ninguna obligación de ceguera. “Y yo creo que la ceguera, en términos que la autoridad no tenga conocimiento respecto de cómo está invertido su patrimonio, es imprescindible para manejar el conflicto de interés”, precisó.
Planteó que hay autoridades que no tienen ninguna alternativa de controlar un conflicto de interés significativo respecto de la posición de algún tipo de patrimonio y le parece relevante que esas autoridades se desprendan de sus valores. Estimó que obligar a que todo el mundo enajene podría ser un desincentivo a que la gente participe.
Finalmente, llamó a que se reconsidere el sistema de fiscalización ya que considera preocupante que ello esté a cargo de las Superintendencias de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras, cuyas máximas autoridades dependen de la nominación del Presidente de turno. En ese sentido, dijo que era preciso transformar ambas instituciones en cuerpos colegiados independientes.
