Lacnic, registro de direcciones de internet para América Latina y el Caribe, con sede en Montevideo, impulsa el proyecto de seguridad “Amparo”, con el que comenzó a crear y capacitar grupos de expertos en la región para tratar y prevenir los incidentes de seguridad en la red.
Proyecto Amparo
“Estamos impulsando grupos de respuesta a los incidentes de seguridad”, dijo a la AFP Ernesto Majó, gerente de Comunicaciones de Lacnic, una entidad privada sin fines de lucro, autorregulada, integrada por casi 1.000 organizaciones que van desde proveedores de servicios de internet hasta universidades y bancos.
Existen cinco organizaciones regionales iguales a Lacnic a nivel global.
“Amparo” -que no responde a ninguna sigla- “busca crear capacidades en la región para fortalecer el ambiente de seguridad” que permita atacar y prevenir casos de phishing -robo de números de tarjetas de crédito, intervención de cajeros automáticos- y otros delitos cibernéticos.
“La metodología prevé el desarrollo de unidades expertas en el ámbito de una empresa, de un gobierno, o a nivel nacional” para coordinar e intercambiar información y analizar los incidentes de seguridad, explicó Majó.
Estos grupos de expertos estudian así el problema y generan estrategias defensivas para prevenir nuevos incidentes, añadió.
Los expertos nucleados por Lacnic ya elaboraron materiales “para implementar una estrategia de capacitación” que ya está disponible y es de uso público, dijo.
El material fue revisado en un taller realizado en Montevideo en febrero, en el que también se entrenó a instructores para los talleres de capacitación a realizar en la región en 2010.
En marzo ya se realizó un taller en Quito y la agenda prevé instancias similares en México (8 al 11 de junio), República Dominicana (9 al 13 de agosto) y Chile (4 al 8 de octubre).
En los talleres “participa gente de la policía de los distintos países, también a nivel militar, para capacitarse en estas herramientas y aprovecharlas al servicio de la prevención del delito”, señaló Majó.
“Nos interesa que haya más talleres, pero contamos con recursos limitados”, dijo. El proyecto “Amparo” es financiado por Lacnic y el International Development Research Center (IDRC), organismo de cooperación del gobierno canadiense, con una suma total de unos 280.000 dólares.
Según Majó, tal vez sea necesario un ámbito regional, como la OEA, para prevenir los incidentes de seguridad. “La OEA es el ámbito regional preponderante y nosotros queremos coordinar con ellos, y ellos han manifestado que pueden a llegar a apoyar” la iniciativa, dijo Majó.
Lacnic ya inició contactos con la entidad que reúne a los ministerios de Justicia de los países de la OEA, con el objetivo de apoyarlos, “fundamentalmente para que vean qué información pueden sacar ellos de los sistemas públicos”, como la base de datos WHOIS.
Esa base de datos es pública y contiene los registros de internet y a quién se asignó determinado bloque de direcciones.
“Eso implica que cuando hay un caso de ‘spam’ (correo no deseado) o de algún delito que tenga que ver con direcciones de internet, la policía puede ir al WHOIS y rastrear, hasta cierto nivel, el origen”, explicó Majó.
Lacnic ya asesora a la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE), que tiene un capítulo de ciberseguridad.
