Organismos de derechos humanos de Perú denunciaron este jueves abusos e irregularidades en una investigación contra 96 indígenas a quienes se sindica como responsables de una protesta que dejó 34 muertos, entre nativos y policías, hace ocho meses.

Imagen: infolatam.com

“Los indígenas son procesados violándose su derecho a la defensa y sin que existan pruebas fehacientes sobre su responsabilidad”, dijo Juan José Quispe, de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh).

Prueba de ello es que los acusados, que pertenecen a las etnias amazónicas awajún y wampis, no pueden expresarse en su idioma de origen.

“La mayoría de ellos se queja de que se designan intérpretes de manera improvisada y que no expresan lo que ellos quieren decir en su defensa, lo que genera desconfianza en la administración de justicia”, precisó el letrado.

Los indígenas, que inicialmente estaban detenidos y ahora están con orden de comparecencia, son acusados de una serie de delitos como homicidio, secuestro agravado, disturbios, asociación ilícita, sedición, disturbios, actos antisociales, lesiones graves, instigación y daños a las entidades públicas.

Ronald Gamarra, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), subrayó que el gobierno busca que los amazónicos sean los “chivos expiatorios” de los graves sucesos de Bagua.

Quispe y Gamarra denunciaron que de esa manera se busca limpiar de responsabilidad a ministros del gobierno que ordenaron reprimir las protestas indígenas en un operativo policial mal ejecutado.

Pese a que las autoridades judiciales llamaron a declarar al primer ministro de ese entonces, Yehude Simon, y a quien fuera ministra del Interior también en esa época, Mercedes Cabanillas, ninguno de ellos lo hizo.

Violentos choques se produjeron el 5 y 6 de junio en Bagua (nororiente) con un saldo de 24 policías y diez indígenas muertos tras una protesta de miles de nativos contra leyes que permitían el ingreso de empresas transnacionales a sus tierras. Esas leyes finalmente fueron derogadas por el gobierno.

Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo que el caso es sumamente complejo y que la investigación debe prolongarse por ocho meses más antes de iniciarse el juicio oral.