El gobierno argentino anunció que apelará la sentencia que permitió al presidente del Banco Central, Martín Redrado, volver a su trabajo 24 horas después de ser destituido por haberse negado a ceder parte de las reservas para el pago de la deuda nacional.

“Nosotros vamos a apelar la decisión de la jueza que parece desconocer el artículo 99 de la Constitución donde se establece la posibilidad de (emitir) decretos de necesidad y urgencia en carácter excepcional”, dijo este sábado a Radio América el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Martín Redrado | Infolatam.com

El ministro cuestionó la decisión de la jueza federal María José Sarmiento, quien hizo lugar el viernes a una medida cautelar presentada por Redrado cuestionando la validez del decreto que lo expulsa de su cargo y ordenó someter la remoción a consulta parlamentaria, tal como lo establece la Carta Orgánica del Banco Central.

“El fallo es una payasada, estamos viviendo una situación ridícula, la presidenta nos ha instruido para que presentemos un recurso de apelación lo antes posible”, dijo la noche del viernes a la televisión el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

El ministro subrayó que se “instruyó a la Policía Federal que busque a la jueza para que le dé al Estado la misma posibilidad que le dio a Redrado”, al indicar que el gobierno pretende presentar el recurso durante el fin de semana en vez de aguardar al lunes cuando la magistrada reabra su despacho.

La magistrada denunció este sábado que un móvil policial estaba apostado frente a su domicilio sin que hubiera mediado un pedido de custodia de su parte.

“Tener un móvil de la policía en la puerta sin haber pedido custodia simula presión”, dijo Sarmiento al canal de televisión TN y calificó la situación como “anormal”.

“Tengo 30 años en la justicia y jamás había visto este procedimiento”, dijo y anticipó que si el gobierno quiere apelar “tendrá que esperar al lunes cuando abra mi despacho”.

La magistrada explicó que procedió con celeridad al pedido de Redrado porque “había que tomar una decisión rápida por la gravedad de la situación institucional”.

La jueza también hizo lugar a una medida presentada por la oposición para dejar sin efecto otro decreto que establecía “la utilización de reservas del Banco Central para el pago de deudas” mediante la conformación de un fondo de 6.569 millones de dólares.

Randazzo indicó que el gobierno también apelará esta decisión porque “este decreto establece la posibilidad de que Argentina honre su deuda para darle estabilidad al sistema financiero”.

“Yo decido si corresponde la apelación y con qué efectos, pero la palabra final siempre la tiene la Corte Suprema de Justicia”, aclaró la jueza.

Cristina Fernández destituyó a Redrado el viernes por negarse a cumplir el decreto que dispone la creación del llamado Fondo del Bicentenario con dinero de las reservas por 6.569 millones dólares y que serviría para afrontar vencimientos de parte de la deuda este año por USD 13.000 millones en total.

Las reservas del Banco Central suman algo más de USD 48.000 millones.

“Estoy muy tranquilo, convencido de haber cumplido con mi misión de proteger los ahorros de todos los argentinos”, dijo Redrado el viernes al rechazar el argumento del gobierno, el cual invocó “incumplimiento de deberes de funcionario público” para destituirlo.

“Me propongo terminar mi mandato de seis años que vence en septiembre, porque en 75 años de historia del Banco Central tuvo 55 presidentes, eso marca la inestabilidad del sistema argentino”, dijo Redrado.

En tanto el vicepresidente, Julio Cobos, titular del Senado y líder de la oposición, convocó al Congreso -en receso estival- para tratar la validez de los decretos la semana próxima.

El heterogéneo arco opositor es mayoría en ambas cámaras desde diciembre, cuando asumió la nueva legislatura tras la derrota electoral del gobernante peronismo en junio pasado.

La crisis sobrevino en momentos en que el gobierno prepara una oferta para normalizar una deuda por USD 20.000 millones en manos de acreedores privados con la esperanza de volver a tomar fondos de los mercados internacionales, de donde está excluida desde 2001, cuando declaró el mayor ‘default’ de su historia.