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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Policía de Investigaciones allanó el hogar de la diputada Karol Cariola el pasado lunes 3 de marzo por presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella, relacionado con la venta de la ex clínica que el municipio de Santiago planeaba adquirir durante la gestión de Irací Hassler (PC). En el informe policial se revelaron conversaciones entre ambas autoridades, donde Cariola propuso la creación de una clínica comunal para la mujer y manifestó interés en participar en el proyecto de Sierra Bella. Se señala que en esos intercambios se demostraría una influencia de la diputada en la elección de la locación. Además, se investigan mensajes que implicarían el delito de tráfico de influencias, relacionados con la solicitud de favores a Hassler para obtener patentes municipales para un empresario chino. El delito de tráfico de influencias se refiere a utilizar la posición de poder para obtener beneficios indebidos, y en Chile está tipificado en el Artículo 240 Bis del Código Penal, con posibles penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos. Ejemplos recientes de casos similares incluyen al exministro Andrés Chadwick en la arista Parque Capital del caso Audio y el caso Caval, que involucró a Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Bachelet, acusado de obtener un crédito millonario para la empresa de su esposa.

El pasado lunes 3 de marzo, la Policía de Investigaciones allanó el domicilio de la diputada Karol Cariola por presunto tráfico de influencias, en el marco de la investigación del caso Sierra Bella.

Recordemos que este hace referencia a las indagatorias sobre la criticada venta de la exclínica que iba a ser comprada por el municipio de Santiago, durante la gestión de Irací Hassler (PC).

Los hechos acusados

Un informe reservado de la PDI reveló conversaciones entre ambas autoridades en las que, en resumen, Cariola le propuso la idea de crear “una clínica comunal para la mujer”. Durante ese intercambio, Hassler le reveló a la diputada que estaba “viendo la compra de dos inmuebles”, uno ubicado en Carmen 35 y otro que era Sierra Bella.

Respecto a este último, la parlamentaria se mostró interesada en participar directamente del proyecto, expresándole que “podemos armar un equipo para diseñarla (…) Las mujeres te aman y tenemos que potenciar eso”. Hassler, por su parte, estuvo de acuerdo y propuso una reunión “para que tiremos líneas”.

De acuerdo al informe policial, ese mismo día Cariola manifestó que “Sierra Bella parece una buena opción”. A juicio de los investigadores, esas comunicaciones demuestran una “influencia” de la congresista en la elección de Sierra Bella.

Ahora bien, respecto a las razones que habrían derivado en el allanamiento e incautación de un notebook y un teléfono celular desde el domicilio de la diputada Karol Cariola, fuentes cercanas a la causa, apuntan que en las conversaciones entre ambas habría mensajes que configurarían el delito de tráfico de influencias.

Los hechos tendrían relación con la solicitud de favores a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. En específico, la diputada comunista le habría solicitado a su compañera de partido gestiones para la obtención de patentes municipales para un amigo; un empresario chino.

¿Qué es el tráfico de influencias?

Según explica el sitio Conceptos Jurídicos, este delito hace referencia a la acción en la que una persona “utiliza su posición de poder, autoridad o influencia para obtener beneficios o ventajas indebidas“, ya sean para sí mismo o terceros, teniendo como costo el “bienestar común” o “principios éticos”.

En ese sentido, desarrollan que este se utiliza para conseguir favores, tratos, contratos o empleos para beneficio personal y que, por lo tanto, es “un aprovechamiento de las relaciones y conexiones que un individuo pueda tener con otros individuos influyentes en el gobierno, la política, el sector privado o cualquier otra esfera de poder”.

En Chile, el delito está enmarcado en el Artículo 240 Bis del Código Penal, el cual indica lo siguiente:

“Las penas establecidas en el artículo precedente serán también aplicadas al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses”.

“Las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en los incisos segundo y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses”.

Respecto a los mencionados castigos, el mismo artículo asegura que la Justicia podrá imponer la pena de “inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos”. De igual informa se puede aplicar “reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio”.

Casos donde se acusó tráfico de influencias

Uno de los casos mediáticos más recientes donde se acusó tráfico de influencias es uno que vinculó al exministro del Interior durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, investigado en la arista Parque Capital del caso Audio.

En esta, se acusó a partir de los chats del abogado Luis Hermosilla, que la exautoridad encabezó gestiones frente al entonces titular del Minvu, Felipe Ward, con la finalidad de acelerar la tramitación de los informes de factibilidad de construcción del condominio empresarial Parque Capital en Lampa.

Otro ejemplo en los últimos 10 años es el caso Caval, donde recordemos, se investigó a Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, acusándolo de utilizar su posición para la obtención de un crédito millonario para que la empresa Exportadora y de Gestión Caval Limitada comprara terrenos. Su esposa, Natalia Compagnon, era dueña de un 50% de la mencionada firma.