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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión de Seguridad del Senado priorizará la tramitación de diez proyectos destinados a fortalecer las capacidades operativas de las policías y organismos de seguridad, tras acuerdo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Entre las iniciativas destacan la modernización de Carabineros y la PDI, una Ley de Gendarmería, leyes como la Naín-Retamal 2.0 y Anti Encapuchados, y la ampliación del Registro Nacional de ADN. También se incluyen propuestas como la Ley Antibarricadas y la Ley de Inteligencia Económica.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, anunció que la instancia priorizará la tramitación de diez proyectos tras una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Según informó el parlamentario, el acuerdo contempla que el Ejecutivo retire la urgencia a las reformas constitucionales incluidas en su agenda, con el propósito de concentrar el trabajo legislativo en iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades operativas de las policías y otros organismos vinculados a la seguridad.

“Debemos concentrar toda la energía legislativa en proyectos que tengan un impacto real e inmediato en las calles y no en debates abstractos”, sostuvo Bianchi.

Asimismo, afirmó que se acordó con el Gobierno priorizar un catálogo de iniciativas orientadas a entregar “herramientas concretas, mejor financiamiento y respaldo operativo” a las instituciones.

“La Comisión de Seguridad va a poner todo su esfuerzo y sesionará con la frecuencia que sea necesaria para despachar estas leyes con la urgencia que el país demanda”, agregó el senador.

Los diez proyectos priorizados

Entre las iniciativas consideradas se encuentra la modernización de la carrera de Carabineros, proyecto que busca extender el período de servicio, reestructurar asignaciones e incentivos y destinar personal civil a labores administrativas, con el objetivo de liberar a más funcionarios para tareas operativas.

También será priorizada la modernización de la Policía de Investigaciones (PDI), que contempla nuevas modalidades de ingreso para profesionales y técnicos, el aumento de la capacidad formativa de aspirantes a detectives y modificaciones a los escalafones policiales y periciales.

La agenda incorpora además una Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, que incluiría reglas específicas sobre el uso de la fuerza para el personal penitenciario, junto con medidas para resguardar la identidad y el patrimonio de los funcionarios frente al crimen organizado.

A estas propuestas se suman la denominada Ley Naín-Retamal 2.0; la Ley Anti Encapuchados; la ley corta de Seguridad Municipal; la Ley Antibarricadas; y la ampliación e integración del Registro Nacional de ADN.

Esta última iniciativa apunta a extender la toma de muestras biológicas y la elaboración de perfiles genéticos a personas formalizadas por delitos graves, además de extranjeros indocumentados detenidos en flagrancia.

La lista se completa con dos proyectos que actualmente se encuentran en Comisión Mixta: las Reglas del Uso de la Fuerza y la Ley de Inteligencia Económica, cuya discusión deberá resolver el destino del levantamiento del secreto bancario.