"No existen países con ese mecanismo": qué dicen los expertos sobre la propuesta de reforma al SAE

Esta semana se presentó finalmente el proyecto de ley que busca reformar el actual Sistema de Admisión Escolar (SAE), apostando por un mecanismo mixto donde algunos colegios operarían bajo la modalidad aleatoria actual, mientras que otros podrían optar por reintegrar criterios de selección.

En pocas palabras, los colegios con sobredemanda tendrían la posibilidad de implementar el sistema de “Elección Mutua”, el cual permitiría a los sostenedores aplicar criterios como entrevistas y rendimiento (desde séptimo básico), manteniendo la asignación aleatoria para las vacantes sobrantes y resguardando algunos cupos para alumnos prioritarios o con necesidades especiales.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central es “devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de sus hijos”, junto con fortalecer el reconocimiento al mérito académico y la diversidad de proyectos educativos en el país.

Como era de esperarse, el proyecto de ley generó opiniones divididas en el mundo político y también para los expertos en el rubro educativo.

Para Elisa Vergara, investigadora de Acción Educar, el proyecto apunta a resolver un problema concreto. “Hoy, cuando un colegio recibe más postulantes que cupos, la mayoría de los casos termina decidiéndose por sorteo. En los establecimientos más demandados, 4 de cada 5 postulantes no cumple ninguno de los criterios actuales de prioridad (…) y queda sujeto al azar”.

Consultada por este medio, Vergara sostuvo que “permitir que los colegios con sobredemanda puedan llevar su propio proceso de admisión previo al SAE, que considere el rendimiento académico, la asistencia, el compromiso de la familia con el proyecto educativo u otras aptitudes, es un cambio que valoramos porque va en la dirección de reconocer la autonomía y diversidad de los colegios”.

Sin embargo, desde el mundo académico existen reparos. Para Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, “hay algunas cosas valiosas en lo que indica el proyecto de ley, pero la mayor parte más bien lo que plantea es que se acabe el sistema de asignación diferida justa, que es lo que aplican muchos otros países y ciudades”.

En conversación con BioBioChile, sostuvo que “esta propuesta no resuelve el tema de que una de las demandas de muchas de las familias es que, cuando se postulan los colegios de mayor demanda, un número enorme no queda seleccionado”.

El fin del azar y el regreso de la selección

Uno de los ejes centrales de la reforma es reemplazar parte de los sorteos por mecanismos de selección definidos por los propios establecimientos. Ese cambio es precisamente el que genera las mayores diferencias entre especialistas.

Desde Acción Educar consideran que el proyecto responde a una demanda legítima de las familias. Según Vergara, el cambio “es clave” porque permitiría que los establecimientos “construyan comunidades más coherentes con su proyecto educativo, y que las familias realmente puedan elegir la educación de sus hijos, en lugar de que dependa de la suerte o de criterios que no consideran aspectos esenciales”.

La mirada de Valenzuela es muy distinta. A su juicio, “este diseño de acuerdo mutuo sería una nueva alternativa que derechamente viene a romper el diseño de la asignación justa”.

Además, cuestiona que, más que los propios padres, sean los establecimientos quienes definan quiénes ingresan: “sería el colegio —es decir, sus autoridades, su equipo directivo— el que determinaría cuáles son los niños seleccionados y no un sistema de asignación justo que estaría basado en una postulación en igualdad de condiciones y unos atributos que uno conoce completamente, con los cuales se va a definir esa priorización de por medio”.

Mario Sobarzo, académico de la Universidad de Santiago, explicó a través de Diario Usach que “el sistema se creó para evitar que los establecimientos seleccionaran a las familias con mayor capital económico, cultural o social, y así permitir una mayor integración entre estudiantes de distintos contextos”, señaló.

Para Valenzuela, el riesgo es que se reviertan avances logrados durante la última década. “Retrotraemos la situación que tratamos de resolver con la Ley de Inclusión”, sostuvo.

Entrevistas a apoderados y adhesión al proyecto educativo

La posibilidad de realizar entrevistas a apoderados es otro de los puntos más controvertidos del proyecto. Trinidad Valdés, directora del Magíster en Educación de la Universidad de los Andes, reconoce que la propuesta “mantiene el espíritu de no discriminación”, pero advierte que la implementación puede generar problemas.

Sobre las entrevistas, afirma que “aunque se entiende que la entrevista a apoderados busque, precisamente, fortalecer la adhesión al proyecto educativo de las familias, en la práctica es muy fácil que se preste para discriminaciones por nivel socioeconómico”.

La académica explica que “ciertos códigos de lenguaje, formas de vestir y modos de relacionarse pueden hacer identificable el origen social de una familia durante una instancia presencial”.

Valenzuela comparte las dudas respecto de este mecanismo. “Lo que tendríamos es que, a partir de unas entrevistas, a partir de un tema, de un criterio completamente subjetivo, el equipo interno del colegio diría: ‘Mira, este niño o esta niña, están alineados con el proyecto educativo (…) y este no’”.

A su juicio, el problema es que “le transferimos la potestad de tomar la decisión final, no en la prioridad de la familia, sino en la decisión del equipo directivo sostenedor del establecimiento”.

Y agrega: “no existen países que hagan este mecanismo”. De acuerdo con el director del CIAE, se revisó la experiencia, por ejemplo, “de la zona francófona de Bélgica, la experiencia de Inglaterra, de la ciudad de Boston, de la ciudad de Berlín, de Barcelona, entre los muchos que aplican el mecanismo de selección diferida, asignación diferida, que se denomina este mecanismo que utiliza Chile. En ninguno de todos esos casos se aplican entrevistas”.

Desde Acción Educar, en cambio, se valora que los establecimientos puedan considerar elementos como “el compromiso de la familia con el proyecto educativo”, argumentando que ello permite fortalecer la identidad de las comunidades educativas.

El debate por el mérito académico

Otro aspecto que considera el proyecto es la incorporación del rendimiento académico como criterio de admisión desde séptimo básico. El Gobierno ha defendido esta idea como una forma de reconocer el esfuerzo de los estudiantes. De hecho, durante la presentación de la iniciativa se planteó la necesidad de recuperar el mérito como un factor válido dentro del sistema escolar.

Sin embargo, Trinidad Valdés advierte que la propuesta deja abiertas interrogantes importantes. “Las políticas públicas se juegan, en gran medida, en su implementación, e incorporar el desempeño académico a partir de séptimo básico está lleno de problemas en esa área”, señala.

Según la académica, no está claro cómo se medirá ese desempeño ni qué instrumento se utilizará para ello.

Juan Pablo Valenzuela, por su parte, cree que cualquier discusión sobre mérito debería ser mucho más acotada. “Uno podría tener (…) que en el caso de Enseñanza Media hubiese algunos establecimientos de mayor selectividad académica, como los liceos emblemáticos, por ejemplo, pero que siempre fuera un número acotado”.

Al mismo tiempo, advierte que muchos de los factores que suelen emplearse en procesos de selección “están ampliamente correlacionados con los niveles socioeconómicos y también con el tema de las oportunidades y trayectorias previas que tendrían los estudiantes”.

Por ello, sostiene que el debate no solo debe centrarse en reconocer el mérito, sino también en cómo evitar que dicho criterio termine profundizando desigualdades ya existentes.

En contraste, para Vergara de Acción Educar, parte de lo que falta en el proyecto es “que los establecimientos que participan en la elección aleatoria puedan agregar criterios de priorización que consideren el mérito y la territorialidad, además de seleccionar y ordenarlos según les parezca más adecuado con su proyecto educativo”.

¿Podría aumentar la segregación escolar?

Una preocupación de los críticos de la reforma es que los nuevos mecanismos de admisión terminen aumentando la segregación escolar.

Juan Pablo Valenzuela sostiene que el sistema previo al SAE “generaba una enorme inequidad en las oportunidades de aprendizaje”. Además, apunta a que “esa selección era totalmente arbitraria, en muchos casos injusta, que generaba por un lado mayor inequidad, mayor segregación”.

Mario Sobarzo coincide con ese diagnóstico. “Lo que se está proponiendo es volver a un escenario donde las escuelas tengan mayores herramientas para seleccionar estudiantes, lo que podría revertir parte de los avances que se han conseguido en inclusión”, advirtió.

Valenzuela agrega que los mecanismos propuestos podrían afectar especialmente a estudiantes que recién ingresan al sistema escolar. “Imagínate lo que podría suceder, porque esto se plantea que tengan mecanismos de selección, de entrevistas, inclusive cuando los niños postulan al prekínder”.

Por su parte, Trinidad Valdés plantea que algunos criterios contemplados por el proyecto podrían generar incentivos no deseados. Respecto de los cupos reservados para ciertos grupos, advierte que “podrían aparecer incentivos para declarar menores ingresos o levantar diagnósticos falsos con el fin de acceder a vacantes exclusivas”.

En contraste, quienes respaldan la iniciativa sostienen que el problema actual también genera frustración entre las familias, especialmente cuando la asignación termina dependiendo del azar en establecimientos altamente demandados.

¿La propuesta resuelve los principales problemas del SAE?

Más allá de las diferencias sobre los mecanismos, varios expertos coinciden en que el SAE puede perfeccionarse. La discusión está en cómo hacerlo. Por ejemplo, desde Acción Educar plantean que “los colegios que no tienen sobredemanda también deberían poder ser parte del proceso de elección mutua”.

Valenzuela también reconoce la necesidad de mejoras. “El sistema requiere un perfeccionamiento y esa es la idea de esta comisión: perfeccionar el sistema porque lleva una década”. Refiriéndose a la Mesa Técnica SAE.

Sin embargo, cuestiona que la reforma no solucione el principal problema que menciona el Gobierno. “Un colegio que tiene 100 cupos y postulan mil, quedan 900 fuera. Bueno, con este nuevo diseño quedarían 900 fuera también. Este mecanismo no crea un mayor número de cupos en los lugares de mayor preferencia”.

Además, asegura que “hay algunas cosas valiosas en lo que indica el proyecto de ley”, destacando la incorporación de cupos especiales para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, aunque cree que la propuesta omite a quienes tienen necesidades transitorias y que representan una parte importante del alumnado.

Finalmente, Trinidad Valdés sostiene que algunos de los cambios planteados podrían realizarse sin reemplazar el sistema vigente. A su juicio, criterios como la asistencia previa, la cercanía territorial o la pertenencia a una misma red educativa podrían incorporarse al SAE manteniendo una plataforma centralizada de asignación.