¿La dictadura de la mayoría o el veto de las minorías?

La discusión del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (Boletín N° 18216-05) ha vuelto a instalar una vieja tesis, principalmente defendida por sectores de izquierda cuando no detentan el poder: que las grandes reformas solo pueden otorgar estabilidad cuando nacen de amplios acuerdos transversales. Hoy, que parecieran ser minoría, argumentan que mientras más amplio sea el consenso, mayor sería su permanencia y menor el riesgo de que un futuro Congreso la modifique. ¿Será una amenaza velada o no?

Imaginemos que no lo es y concedamos, por un momento, que se trata de una idea razonable. Al analizarla con mayor detención, comienzan a aparecer profundas debilidades. En democracia, nadie puede garantizar la permanencia de una ley. Las mayorías cambian, los gobiernos cambian, los parlamentarios cambian y, con ellos, también cambian las prioridades de nuestro país.

Pretender que un acuerdo del setenta u ochenta por ciento asegura estabilidad es desconocer la propia naturaleza del régimen democrático. La estabilidad no nace del número de firmas que respaldan una ley, sino del respeto permanente a las reglas del juego democrático.

Resulta curioso que quienes sostienen esta tesis olviden que las mismas mayorías que hoy podrían modificar una ley también podrían decidir mantenerla. Nadie posee la capacidad de anticipar la composición política de los futuros Congresos. Por ello, utilizar la incertidumbre del mañana como argumento para limitar las decisiones legítimas del presente constituye una premisa más política que jurídica.

La legitimidad de la mayoría no depende de cuántos acepten perder, sino de que la decisión haya sido adoptada conforme a las reglas que todos aceptaron antes de competir. Ese es, precisamente, el fundamento sobre el cual descansa toda democracia representativa.

Pero considero que existe un argumento aún más preocupante. Con creciente frecuencia, sectores principalmente de izquierda afirman que deben establecerse contrapesos suficientes para impedir lo que algunos denominan la “dictadura de la mayoría”. La expresión posee una enorme fuerza retórica, pero también encierra una profunda contradicción.

En democracia, la mayoría no constituye una anomalía del sistema. Es, precisamente, su fundamento. La decisión mayoritaria no representa una desviación del orden democrático; representa la forma mediante la cual adoptamos decisiones colectivas. Es decir, cuando decidimos participar del juego democrático, siendo parte de una República, aceptamos también que, cuando existen diferencias legítimas, en lugar de aplicar la autotutela o la ley del más fuerte, será la mayoría quien determine el camino común, siempre dentro del marco constitucional y con pleno respeto por los derechos fundamentales de las personas.

Antes de continuar con el fondo del análisis, considero relevante hacer un punto de inflexión. Ninguna mayoría posee el derecho de perseguir, eliminar o privar arbitrariamente de sus derechos a una minoría. La historia nos ofrece ejemplos dramáticos de aquello. Cuando la mayoría utiliza el poder para destruir la dignidad humana, deja de actuar conforme a los principios del Estado de derecho y, por consiguiente, se sitúa fuera del objeto de análisis de esta columna, constituyendo una evidente distorsión del sistema democrático.

Entonces, si la mayoría no puede gobernar aun habiendo obtenido legítimamente el respaldo ciudadano y cumpliendo todas las reglas institucionales, cabe formular una pregunta incómoda: ¿quién gobierna entonces? Porque cada vez que se exige a una mayoría renunciar al ejercicio de sus facultades democráticas para satisfacer permanentemente a quienes perdieron la decisión política, el principio democrático comienza a invertirse. Lo que originalmente se presentó como un mecanismo de protección frente a eventuales abusos termina transformándose en un verdadero poder de veto.

Y si permitimos que el veto de la minoría se convierta en una regla permanente, la democracia, sin duda, comenzará a ser cómplice de un gobierno en las sombras; es decir, de una verdadera dictadura de las minorías, capaces de impedir cualquier transformación.

Nuestra historia constitucional ha conocido diversos mecanismos destinados a contener el poder político. Algunos han sido indispensables para proteger la libertad, evitar abusos y garantizar la separación de poderes. Pero otra cosa muy distinta es utilizar la idea de los contrapesos como una herramienta para neutralizar sistemáticamente la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. La democracia no exige unanimidad, sino reglas claras. Y la más importante, sin duda, es aquella que establece que, una vez respetados los derechos fundamentales y las normas constitucionales, las decisiones colectivas se adoptan conforme a las mayorías que la propia ley establece.

Por eso resulta paradójico que hoy algunos teman una supuesta “dictadura de la mayoría”, mientras parecen ignorar el riesgo opuesto: que el miedo a las mayorías termine entregando a las minorías un poder de bloqueo permanente que jamás obtuvieron democráticamente.

¿Las mayorías pueden equivocarse? Sí, por supuesto. Pero las minorías también, y cuando se equivocan, su error afecta a la mayoría. La diferencia es que, en democracia, son las mayorías las que reciben el mandato ciudadano para gobernar y, precisamente por ello, también son las primeras llamadas a responder políticamente por sus decisiones.

Porque una democracia donde la mayoría no puede gobernar deja de ser una democracia de mayorías y comienza a transformarse en a una democracia de vetos, una que, lejos de fortalecer nuestras instituciones, termina impidiendo que nuestro país avance.

Jaime Beltrán Besnier
Asesor Legislativo y Político