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¿Vale la pena? Esa es, finalmente, una decisión política.
El reciente debate sobre la propuesta de restringir el acceso a la gratuidad para personas mayores de 30 años exige una precisión básica: cuál sería realmente su efecto en términos de magnitud. Y ello, sin siquiera entrar todavía en la discusión sobre lo que esta medida podría significar en materia de restricción de derechos adquiridos.
Utilizando datos públicos del Centro de Estudios del Mineduc, desde el Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior de la USACH (OPPES-USACH) hemos realizado las siguientes estimaciones y precisiones.
Precisión previa
En 2025 se realizaron 1.319.324 matrículas en pregrado, de las cuales 270.276 correspondieron a estudiantes que durante ese año cumplieron más de 30 años. Esto representa el 20,5% del total. Utilizamos esta definición porque no está precisado si se eliminará el beneficio a los que tengan 30 años o a los mayores de esa edad.
En otras palabras, hoy sabemos que, en educación superior, alrededor de una de cada cinco matrículas corresponde a personas mayores de 30 años. Y si consideramos las proyecciones de envejecimiento demográfico que vive el país —en 2017 se estimó que la moda era de 29 años—, este será un dato que probablemente seguirá aumentando.
Una primera precisión sobre la gratuidad
Al filtrar los datos por estudiantes que cursan modalidad presencial —requisito indispensable para hacer efectivo el beneficio— y cruzarlos con los datos de asignación para 2025, se observa que aproximadamente 612 mil personas accedieron al beneficio ese año. Para ser exactos, 611.889, considerando que solo se puede estudiar una carrera con gratuidad a la vez.
A su vez, los nuevos beneficiarios de 2025 —quienes ingresan a gratuidad en primer año o en otros niveles— fueron 183.203 personas. De ese total, 21.683 cumplieron 31 años o más durante 2025. Esto significa que, en términos de flujo, los beneficiarios de gratuidad mayores de 31 años representaron el 11,8% de quienes ingresaron el año pasado a la gratuidad.
Segunda precisión
Del total de beneficiarios mayores de 31 años en 2025, 14.385 estudiaban carreras técnicas en CFT o IP. Sin embargo, según se ha informado en declaraciones oficiales, a este grupo no se le aplicarían las medidas de restricción del beneficio por edad.
Si ello se concreta, lo más probable es que aumente la matrícula de personas mayores de 31 años en carreras técnicas.
Tercera precisión
La tercera precisión, entonces, permite focalizar con mayor exactitud el universo afectado. De los 21.683 mayores de 31 años con gratuidad en 2025, 7.301 estudiaban carreras profesionales, con y sin licenciatura en Universidades e IP, y serían precisamente ellos quienes quedarían excluidos.
Si, como ha ocurrido en el último año, se mantiene una distribución similar de beneficiarios de gratuidad por edad y tipo de carrera, esa sería la dimensión relativa de quienes perderían el derecho a la gratuidad. Esto equivale aproximadamente al 4,0% del total de beneficiarios del flujo anual y al 1,2% del stock del 2025.
Cuarta precisión
Pero más allá de la cantidad de afectados, una cuarta precisión resulta esencial: saber quiénes son esas personas. Porque en política pública no basta con contar casos, también hay que caracterizarlos.
Si esta política hubiera comenzado el año pasado, la decisión habría afectado fuertemente a las mujeres, que representan el 65,8% del total de afectados, es decir, 4.806 mujeres.
Por otro lado, al analizar la jornada en que estudian quienes quedarían excluidos, se observa que 5.062 de los 7.301 cursan en jornada vespertina. Es decir, aproximadamente 7 de cada 10 probablemente se encuentren trabajando durante el día para compatibilizar empleo y estudios.
Se trata, además, de estudiantes concentrados en áreas muy específicas. En 2025, quienes serían excluidos estudiaban principalmente carreras del área de Administración y Comercio (2.279), Tecnologías (1.996) y Ciencias Sociales (1.540), lo que representa aproximadamente el 80% de este tipo de beneficiario. En otras palabras, estamos hablando principalmente de mujeres, que estudian en la jornada vespertina y que se encuentran en alguna de las áreas mencionadas.
Quinta precisión
La última precisión es fiscal. En términos de arancel, la suma anual de los aranceles de quienes serían excluidos por esta política en 2025 alcanzó aproximadamente 24 mil millones de pesos.
Si se estima, además, que esos aranceles están sobrevalorados en un 15% respecto del arancel regulado, el Estado el año pasado habría dejado de pagar cerca de 21 mil millones de pesos por este concepto. Lo que representaría aproximadamente el 3% del total de los aranceles que el Estado paga anualmente a los nuevos beneficiarios de gratuidad.
Toda formulación de política pública obliga a ponderar variables, costos y efectos distributivos. Pero aquí la pregunta no puede agotarse en la cifra de ahorro. Frente a un ahorro fiscal de esta magnitud, y conociendo con bastante precisión la caracterización de la población afectada —mayoritariamente mujeres trabajadoras que estudian en horario vespertino—, cabe preguntarse si el balance final es realmente favorable para los objetivos del Estado.
¿Vale la pena? Esa es, finalmente, una decisión política.
Víctor Salas Opazo
Departamento Economía USACHAnderson Huaman Palacios
OPPES-USACH
