Un sumario al interior de la Municipalidad de Penco -en la región del Bío Bío– realizará la Contraloría, tras detectar que la corporación edilicia permitió la renuncia de una abogada que estaba inhabilitada, evitando así el inicio de un sumario.
Desde el municipio desconocieron cualquier error, mientras que en el Concejo sospechan incluso un posible encubrimiento.
Fue el Consejo de Defensa del Estado el que informó a la Contraloría de la prohibición que afectaba a la abogada Alejandra Donoso para desempeñarse en el servicio público, esto debido al patrocinio que tenía en un sinnúmero de demandas laborales contra el Fisco.
Esa inhabilidad, establecida en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, no le impidió a la profesional ejercer primero en la Municipalidad de Talcahuano, como directora jurídica, y desde el 2024 en el mismo cargo en la Municipalidad de Penco.
El antecedente fue comunicado al municipio de Penco por el contralor regional, Víctor Henríquez, el 23 de marzo pasado, lo que no impidió que la corporación edilicia cursara la renuncia de la abogada el 30 de marzo, sin iniciar el sumario administrativo correspondiente.
Para el concejal Leonardo Jara, la conducta podría equivaler a un encubrimiento y de allí la gravedad de lo ocurrido.
“A mí me parece súper grave, porque aparte de la inhabilidad que tenía la abogada, acá estamos viendo un posible encubrimiento de esta falta. Esto se tiene que ver, porque una cosa es la falta que estaba realizando la abogada, pero otra es la acción administrativa que correspondía, y en este caso era un sumario y ahí determinar también las faltas que son bastante graves”, precisó Jara.
Según la Contraloría, detrás de la renuncia de la jefa jurídica podría haber una omisión de quienes la visaron y por eso la decisión de iniciar un sumario al interior de la Municipalidad de Penco, aunque su nuevo abogado jefe, Winston Carrasco, asegura que nunca el organismo contralor ordenó actuar contra Alejandra Donoso.
“El ordinario remitido por el organismo de contralor no instruyó medidas disciplinarias ni ordenó la suspensión de actos administrativos, sino que únicamente solicitó un informe jurídico respecto de la situación observada. En ese contexto, la renuncia presentada se tramitó conforme a la normativa aplicable y a las competencias legales de la administración municipal”, aseveró Carrasco.
Claramente que la salida de la abogada fue irregular, dijo la edil María Carolina Inostroza, al presumir que el municipio quiso liberar de responsabilidad a la profesional.
“Esto que deja entrever de que hubo un tiempo para que se buscara la estrategia de cómo era la salida de ella del municipio sin generar mayor problema -imagino- que a ella misma, pero acá lo que correspondía es que una vez informado por Contraloría, inmediatamente se aplicara la investigación sumaria y no que solamente en cosa de días se procediera a la renuncia y que se aceptara esta renuncia”, sostuvo Inostroza.
Hasta ahora, lo que el Concejo Municipal sabía sobre el cambio de abogado jefe es que Alejandra Donoso había renunciado para trasladarse a un cargo en el gobierno.