Nuestro país vive una profunda crisis moral. Así lo manifestó la presidenta del recién instalado consejo constitucional. No se puede estar más de acuerdo con dicha afirmación.
¿Se puede calificar de otro manera, el que durante años trabajadores y sus familias hayan pagado por un servicio, un seguro de salud a las ISAPRES, y que, en el momento de requerir dichos servicios, estas empresas buscan resquicios para no pagar o para no cubrir las necesidades de salud de los afiliados?
Negarse a pagar por un derecho ganado, y en este caso, por un servicio que se cancela mes a mes desde el pecunio de los cotizantes, da cuenta de la profundidad de la crisis moral, de la normalización de lo inaceptable. Cuando estas empresas cambian arbitrariamente los términos del contrato, entrando derechamente en prácticas ilegales; cuando la única solución es demandar; cuando la Corte Suprema ordena que deben devolver los cobros excesivos a sus afiliados y movilizan todos sus recursos para convencer a la opinión pública que no pueden cumplir con la ley; cuando amenazan con dejar desprotegidos a esos miles de familias que han pagado por sus servicios. Eso es sin duda abuso.
Ésta frase cobra aún más sentido cuando vemos el desempeño de nuestro sistema de pensiones. ¿Cómo se explica que en nuestro país las personas luego de cumplir los años laborales establecidos por la legislación deban seguir trabajando por diez años más porque la pensión que reciben de las AFP es, en promedio, cercana a $180.000?
A diario vemos cuando transitamos por la ciudad a personas mayores, muy mayores, trabajando en las conserjerías de los condominios y edificios, en labores domésticas, en las escuelas, vendiendo en las calles, estacionando vehículos, en los supermercados o en las ferias como coleros vendiendo productos de todo tipo. Los vemos en el transporte público cada mañana con frío y lluvia, atravesando la ciudad para complementar sus ingresos. Y seguimos pensando que cada cual se las arregle con sus recursos, que lo mío es mío y no lo comparto, que la solidaridad intergeneracional es una fantasía. Esto por cierto, también es inmoral.
Hay una crisis moral cuando vemos a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país capturados por bandas delictuales, transformados en soldados del narco. Esto sucede porque como sociedad no estamos ofreciendo horizontes y contención a nuestra juventud. Tampoco estamos entregando herramientas para que ellos puedan construir y forjar su camino. Ellos no logran visualizar un futuro lejos de dichos espacios de agresividad y violencia. Sin duda, esto evidencia que el futuro de niñas y niños está marcado desde sus cunas, sin derecho alguno a modificar sus destinos y así se va perpetuando la desigualdad de generación en generación.
Es inmoral el hecho que, no importando cuánto se esfuercen, cuánto se esmeren en tratar de cumplir sus expectativas, obteniendo buenas calificaciones y tratando de aprender, su techo esté dado por una sociedad profundamente injusta y desigual, que los mira por cuánto dinero llevan en sus bolsillos y no por sus habilidades, destrezas y competencias. Dicho sea de paso, cada fin de año observamos con estupor el resultado de la PAES, que sólo se demuestra que se ha formado una educación para ricos y otra para pobres.
Claro que hay crisis moral, veamos qué ocurre con los habitantes de localidades como Quintero y Puchuncaví, que han debido soportar un entorno contaminado durante generaciones, afectando su salud y calidad de vida; algunos viéndose forzados a migrar para buscar mejores condiciones para sus familias frente a un Estado con pocos instrumentos legales para hacer frente a empresas que prefieren avanzar “en pos del progreso”, asumiendo ocasionalmente el pago de alguna multa.
Sin lugar a duda tenemos una crisis moral instalada hace muchos años. Pretender concentrar ese debate en temas tales como el aborto, la agenda de género y diversidad o en determinadas acciones vinculadas a la educación sexual, obviando la profundidad de la crisis manifestada en una sociedad desigual, injusta, que no otorga protección suficiente a sus niños ni a sus adultos mayores, que ha entregado el futuro de miles de familias al liderazgo narco en las poblaciones, es un indicador de lo mismo.
Comenzar el trabajo de los consejeros constitucionales reconociendo la crisis está bien, pero pretender utilizar esa declaración como excusa sólo para algunos temas, sin hacerse cargo de la profundidad de la crisis, sería nuevamente una oportunidad desperdiciada. Debemos ser capaces y, con responsabilidad, mirarnos como sociedad, no importando el sector político al cual adherimos, a la religión o sector social del cual provenimos. Más bien debemos darnos cuenta que convivimos y normalizamos condiciones inhumanas de vida de muchos de nuestros compatriotas y que debemos, es pos de una democracia sólida y sin abusos, avanzar decididamente para cambiar radicalmente dichas condiciones de vida.
¡Esto debe ser nuestro compromiso!
