El proyecto “Ley corta Isapres” presentado por el Gobierno para cumplir el fallo de la Corte Suprema no considera la situación actual de los beneficiarios de los seguros privados, especialmente, de aquellos que están haciendo uso activo de sus coberturas. Tampoco toma en consideración las limitaciones financieras por el ajuste de precio base y la fijación de la prima GES definido por la Superintendencia de Salud.
La generación de un plan de pago de la magnitud difundida por parte de las aseguradoras privadas –alrededor de US$1.400 millones- no es otra cosa que precipitar la muerte del sistema privado dejando libre el camino para avanzar en una reforma de salud con claros matices estatistas. Esto genera una gran incertidumbre en los beneficiarios y en los prestadores institucionales, además del impacto en el trabajo de los profesionales médicos y su valorización.
Un segundo aspecto a considerar es que la iniciativa difundida como “la nueva modalidad de cobertura ampliada” como “modernización del Fonasa” no es tal, solo crea un sistema diferentes cuyas coberturas son iguales a la Modalidad de Libre Elección a cuyo copago concurrirán, teóricamente, seguros complementarios privados.
Esto, asumiendo tarifas planas y grandes gastos si los deducibles son bajos o bajo gasto si los deducibles son altos, sencillamente, profundiza el gasto de bolsillo de los chilenos, ahora no solo por medicamentos sino por prestaciones de distintas complejidades. Esto es lo mismo que sucede hoy cuando un beneficiario Fonasa D adquiere por mutuo propio un seguro complementario con deducible variable y topes anuales. En la modalidad nueva negociará el Estado contratos en forma masiva.
Tampoco se hace cargo de la situación hipotética de pacientes que concurrirán del sector privado a la red pública buscando costo cero, con impacto fiscal no cuantificado. Empeora la situación del copago cero y la modalidad de libre elección, toda vez que se van a requerir subsidios cruzados desde el presupuesto de la nación.
En la nueva modalidad no se resuelve el problema del riesgo moral implícito. Las personas pueden afiliarse y desafiliarse en cualquier momento. Eso significa que es posible afiliarse en el momento de mayor riesgo o frente a una enfermedad particular. Resuelto el problema se regresa al pago solo del 7% a Fonasa, por lo que se puede prever un incremento significativo de sus gastos que no podrá ser traspasados a los usuarios.
Los montos explicitados para el plan de pago, además, ponen en duda la continuidad real del sistema asegurador privado y graves e irreversibles consecuencias en clínicas y prestadores. Los efectos sobre las personas beneficiarias del seguro privado y público, pacientes y usuarios de la red clínica privada podrían ser graves.
Es de esperar que el Congreso perfeccione esta iniciativa legal con el aporte de los expertos y adicione proyectos que aun duermen en el parlamento como la modernización de Fonasa y el Plan Universal de Salud.
Dr. Luis Castillo
Ex subsecretario de Redes Asistenciales
Decano Facultad de Ciencias de la Salud, U. Autónoma
Dra. Karla Rubilar
Ex Ministra de Desarrollo Social y Familia
Jefa de la unidad de Salud Pública, U. Autónoma.
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