Las suspensiones de clases en distintos establecimientos del país, debido a los peligros y temor generalizado que ocasionan balaceras, funerales de alto riesgo, fuegos artificiales y violencia en general, han sido la tónica en lo que va de año.

Ya no solo se trata de escasez de matrículas y que el sistema no da abasto para satisfacer la alta demanda; quienes ya forman parte de un establecimiento ven con frecuencia suspendidas sus clases, sin la certeza de cuándo y cómo las recuperarán, teniendo en cuenta que el acceso a la educación es un Derecho Constitucional.

Dado esto, cabe preguntarse si ese Derecho seguirá viéndose interrumpido por situaciones “fortuitas” o “excepcionales” a lo largo del año, más en algunos lugares donde la violencia es algo normalizado.

Esto no solo altera las rutinas de miles de estudiantes, sino que también las de sus familias, generando en algunos casos ausentismo laboral y perdiendo oportunidades de ingresos en un año complejo.

Si el Estado no es capaz de garantizar el normal funcionamiento de la sociedad y las instituciones que la conforman, optando por dar “el día libre”, el panorama es realmente complejo. Convivir con el narcotráfico no debiera ser opción, considerando que países similares a Chile prefirieron ese camino y son tristes ejemplos en materia de seguridad.

La educación es una piedra angular de cualquier sociedad y el Estado debe protegerla, mucho más frente a actividades que atentan directamente contra el desarrollo de nuestra juventud, como es el narcotráfico.

Carolina Carrillo
Abogada. Socia fundadora de Sostiene
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