El Colegio de Enfermeras de Chile lamentó la muerte de una funcionaria del Hospital de Rengo, Rocío Miranda, quien habría sido víctima de acoso laboral.
Así lo señaló el gremio a través de una declaración pública, tras el deceso de la profesional ocurrido el pasado 25 de abril.
“El Colegio de Enfermeras de Chile A.G. expresa su profundo pesar ante el sensible fallecimiento de la enfermera Rocío Miranda Delgado (QEPD), quien trabajaba en el Hospital de Rengo y cuya vida llegó a un trágico final por suicidio”, indicaron en el texto.
“Tenemos conocimiento de que nuestra colega enfrentó acoso laboral en su entorno de trabajo, circunstancia que desencadenó esta dolorosa decisión de poner fin a su vida”, agregan.
En ese sentido, cuestionaron las condiciones laborales en el sector salud, enfatizando en la necesidad de una fiscalización efectiva y sanciones adecuadas, tomando en cuenta la recién promulgada Ley Karin y la entrada en vigencia del Convenio 190 de la OIT.
“Instamos a todas las enfermeras y enfermeros a denunciar cualquier acto de acoso sistemático y persistente en sus lugares de trabajo. Se deben agotar todos los medios para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables si corresponde”, señalaron.
“Exigimos a las autoridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social que, considerando la incipiente implementación del Convenio 190 de la OIT y la próxima entrada en vigencia de la Ley Karin, actúen con celeridad para abordar esta problemática de manera efectiva”, emplazaron desde el Colegio de Enfermeras de Chile.
“La pérdida de Rocío no ha pasado desapercibida y ha generado una profunda conmoción a nivel nacional. Este trágico evento vuelve a resaltar no solo la necesidad de abordar las condiciones laborales en el sector de la salud, sino también la cruda realidad de la sobrecarga laboral, el estrés y los desafíos en la salud mental que enfrentan los profesionales de la salud”, añaden.
“Aunque Chile cuenta con un Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales que obliga a los establecimientos de salud a evaluar y abordar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, la falta de una fiscalización efectiva y sanciones adecuadas impide que este instrumento cumpla su propósito”, apuntan.
“Por un lado, las entidades encargadas, como la Superintendencia de Seguridad Social, la Dirección del Trabajo y los Seremis de Salud, carecen de los recursos necesarios para implementar correctamente este protocolo. Por otro lado, el sistema mutual tiende a desestimar la mayoría de las denuncias de enfermedades mentales como no laborales, lo que deja a las víctimas de acoso sin el apoyo y los recursos necesarios para enfrentar esta problemática”, concluyen.
Revisa la declaración pública a continuación:
