Fin de los delegados presidenciales

Todas las regiones del país asisten a una anomalía centralista que coarta las capacidades de su propia identidad y fuerza regional: la existencia de Delegados Presidenciales, expresión nítida de un centralismo anacrónico que atenta contra la autoridad de los Gobernadores Regionales elegidos por la ciudadanía.

Una disposición muy desafortunada se estableció junto con la esperanzadora elección de los Gobernadores Regionales. Aquella norma hace que hoy el propio Gobernador Vallespin tenga menos atribuciones que las que poseía cuando el Presidente Lagos lo nombró Intendente Regional en el 2002. Enteramente incomprensible, un acuerdo inadecuado en el Congreso frente a un Ejecutivo sólo concentrado en la elección de la autoridad regional, hizo posible que se consumara una contradicción vital para la descentralización chilena.

En efecto, mal entendidamente como una extensión del tradicional Estado Unitario, se decidió extender la representación ministerial territorial a una autoridad emanada de una decisión del Ejecutivo Nacional, el Delegado Presidencial. Lo anterior hace que las Seremias y Jefaturas regionales de servicios tengan que reconocer dependencia de dichas delegaciones, incluso para la confección de las ternas de nombramiento ministerial. Un funcionario centralista por sobre la autoridad regional emanada de la soberanía popular.

El Presidente Boric dijo en su oportunidad que esperaba salir de La Moneda con menos potestades que las que recibió. Esta es una anomalía a ser corregida cuanto antes. Los Gobiernos Regionales deben ser una realidad efectiva, y todo el elenco de autoridades regionales ministeriales deben reconocer el predominio de la autoridad regional electa por la ciudadanía, y depender de ella “para todas las materias que se relacionen con la realidad regional”.

Es perfectamente posible que las tareas propias del Gobierno Interior sean encomendadas a un Seremi del Ministerio del Interior, y con ello el Gobernador Regional tendrá tuición sobre “los sectores ministeriales” en lo que respecta a materias regionales.

No ha sido nunca un problema que los Seremis sean nombrados por cada Ministerio de entre ternas presentadas por el Gobernador Regional y no por el Delegado Presidencial. La antigua “doble dependencia” ha mostrado ser mucho más útil y práctica que esta intromisión centralista.

A terminar con los Delegados Presidenciales cuanto antes. El Ejecutivo y el Congreso tienen la palabra.