Por primera vez en su historia, Chile concurre como demandante a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra de su vecino país Bolivia, con el objetivo de aclarar la naturaleza jurídica de las aguas del río Silala. Tradicionalmente, nuestro país había participado en esta instancia jurisdiccional internacional en el rol de demandado, llevado tanto por Perú como por Bolivia.

Lo que se debate en estos días en La Haya, es la naturaleza de un curso de agua que nace en el altiplano boliviano y que escurre hacia territorio chileno, conocido como Silala o Siloli.

Una de las particularidades de este caso es que el debate se centra en aspectos más bien técnicos-científicos que jurídicos y que tienen que ver con las circunstancias en que el agua se desplaza desde las alturas bolivianas hacia los valles chilenos, antecedentes que han quedado registrados a través de derechos de aprovechamiento en uno y otro lado de la frontera desde hace más de cien años.

El pronunciamiento de la Corte de La Haya generará un precedente fundamental para resolver muchas situaciones pendientes en todo el mundo, sobre el tratamiento que debe darse a los cursos de agua compartidas trasnacionalmente, especialmente la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, cuyo principio fundamental es el uso equitativo y razonable por todos los Estados concernidos.

Carmen Gloria Pérez, académica de la carrera de Derecho UDLA sede Viña del Mar.

Nuestra sección de OPINIÓN es un espacio abierto, por lo que el contenido vertido en esta columna es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de BioBioChile