El 11 de diciembre de 2021 se promulgó el reglamento de la Ley de Transformación Digital del Estado, quizás con poca difusión por tener en este tiempo una agenda pública con muchos temas urgentes, pero por cierto un pilar importante y fundamental para el desarrollo de nuestro país.
Su objetivo es que el ciclo completo de los procedimientos administrativos sujetos a Ley de Bases de Procedimiento Administrativo se realice de manera electrónica, de acá a noviembre de 2024. En otras palabras, todo trámite que pueda realizarse de manera digital y no en papel, se haga de esta manera. Este es un hito que no puede pasar inadvertido.
La normativa también apunta a mejorar el funcionamiento de los diversos organismos, otorgando mayor certeza, seguridad y velocidad en la entrega de servicios a las personas, junto con una mayor transparencia en los procesos.
Dentro de la ley, se detallan algunas normas muy relevantes: seguridad de la información y ciberseguridad, la interoperabilidad entre los organismos del Estado y un nuevo mecanismo de notificaciones digitales.
Respecto a la interoperabilidad, se busca definir los estándares y protocolos para que los órganos de la administración compartan entre sí datos, documentos y expedientes. Así, la norma se enfoca en que las diferentes organizaciones logren funcionar de manera fluida y coordinada, pudiendo dejar atrás los procedimientos reiterativos para los ciudadanos. Por ejemplo, esto implica que ninguna oficina de gobierno deberá solicitar a una persona un documento que entregue otro de sus organismos.
¿Cómo se consigue esto en tres años? El desafío es grande, considerando que es un plazo bastante acotado para que la ley se implemente correctamente, a pesar de que ya existen muchos avances. El desafío es mayor ya que la Ley de Transformación Digital considera además de los servicios de gobierno central a los 345 municipios en Chile, muchos de estos ubicados en zonas rurales, alejadas de las ciudades y con un importante número de habitantes, algunos con poca infraestructura y capacidades, y muchos en zonas con bajo uso y penetración de internet, planteando el desafío de acostumbrar y capacitar a la población en torno al uso de estos nuevos sistemas y a los organismos y funcionarios del Estado en el uso recurrente de estos nuevos mecanismos.
Este esfuerzo es fundamental para dar el gran paso hacia la digitalización, lo que nos permitirá desarrollar un enfoque con el ciudadano en el centro en donde los servicios den las facilidades y se acomoden a las personas, y no al revés como históricamente ha sido.
Si bien el lograr completar el proyecto de ley ha sido un proceso de los últimos 5 años, es necesario destacar que sus bases y criterios de implementación ha sido discusión de múltiples gobiernos y grupos de trabajo públicos y privados durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que las diferentes tecnologías fueron avanzando y tomando mayor relevancia en los asuntos públicos.
No puede haber políticas públicas exitosas si no hay continuidad entre un gobierno y otro, sobre la base de grandes consensos reunidos en una visión compartida de un mejor futuro para nuestro país mediante el uso y aprovechamiento de la tecnología. Es clave construir sobre el camino ya recorrido.
Finalmente, es importante aplaudir que en el proceso de definición de las normas técnicas que autorizan el reglamento se hayan involucrado a empresas y usuarios, reconociendo la experiencia que también pueden aportar las compañías especializadas en tecnología. La colaboración público-privada igualmente es una garantía cuando se quiere hacer reformas tan trascendentales, que no sólo modifican la forma en que millones de chilenos interactúan con sus gobiernos, sino que también genera impactos en cada acción de su vida diaria.
Federico Burgos, director de Sector Público en Oracle Chile.
