La iglesia católica es efectivamente una de las mayores empresas de beneficencia de Chile. Simultáneamente, es una de las mayores fuentes de abusos en nuestra sociedad. Ambas vertientes permanecen unidas en una burocracia milenaria pero separadas por inclinaciones que enfatizan el amor al prójimo o alternativamente, el amor propio como amor a la institución.
La tendencia a una iglesia obediente y que se complace en sí misma, es probablemente lo que ha mantenido unidos a los católicos. Al mismo tiempo, es lo que ha facilitado los abusos contra los jóvenes y contra la sociedad. A la inercia burocrática de la iglesia se debe que los abusadores gocen de la complicidad protectora de la institución, que prefiere salvarse ella, antes que hacer justicia a las víctimas de los abusos.
El dilema que enfrentamos hoy, gracias a la historia abierta por la Convención, es el de separar las actividades benéficas de las tendencias abusivas y despóticas que coexisten en las iglesias. Al Estado no le corresponde intervenir en los abusos de conciencia practicados por la iglesia católica. Eso queda en la intimidad de las incoherencias de la confianza abusada, que debe ser resuelta por los fieles mismos.
El Estado no es neutral y debe permanecer vigilante, respecto a la dignidad de las mujeres y de las niñas y niños que la iglesia preferiría mantener subordinados a su ideología de verdad universal, a su idea de familia ‘bien constituida’ y excluyente, a su homofobia y su hostilidad al sexo.
Al Estado solo le compete intervenir ante la ilegalidad de las prácticas viciosas de algunos sacerdotes. Eventualmente, al ministerio público le corresponde también investigar y perseguir responsabilidades institucionales, tanto en el plano civil como en el de las asociaciones ilícitas.
El asunto es ¿En qué se parecen las actividades de Karadima y las de Un Techo para Chile? ¿Es razonable que esas actividades estén cubiertas ambas por la exención de impuestos? ¿Qué puede justificar las decenas de millones de dólares recaudados por Karadima sin que se pagaran impuestos? Y más cerca de nosotros ¿No es necesario diferenciar las rentas de la parroquia de El Bosque, entre las que vienen de los fieles y las que son producto de arriendos comerciales de terrenos de la iglesia? ¿Acaso no es necesario distinguir entre gasto de caridad y gastos de administración -que para ninguna otra institución son deducibles de impuestos?
¿Porqué debo yo, o cualquiera que es libre pensador y crítico de las políticas de la iglesia, pagar impuestos más altos para compensar lo que las iglesias y sus negocios dejan de pagar?
Lo cierto es que todos aquellos que se atribuyan el privilegio de no pagar impuestos se transforman en instituciones públicas. Es decir, se convierten en organizaciones que el Estado ayuda a financiar, por la vía de no cobrarles impuestos. Este privilegio supone una contrapartida que es el control público de los recursos de la institución. La institución secreta por excelencia debe transformarse en una transparente para el público, la Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos. Si se quiere alegar que el control fiscal solo puede ser ejercido sobre la actividad que se beneficia del no pago de impuestos, el argumento nos da la razón en la propuesta de separar la contabilidad interna de los ingresos y gastos de la beneficencia.
Esa separación entre la iglesia burocrática -que no es asunto nuestro- y la iglesia caritativa, que la sociedad concuerda en eximir de impuestos, es una necesidad política urgente. Hay que agradecer a la codicia episcopal haber puesto este tema en el debate público.
Por ahora, los invito a apoyar la iniciativa constitucional N° 47386, que pide un Estado Laico, que no exima de impuestos a las iglesias.
Las iniciativas de norma Constitucional que se han presentado en la plataforma de la Convención son muchas y están marcadas por la dispersión y la repetición. La libertad de culto no se ve afectada en absoluto por el pago de impuestos y al revés, se favorece la igualdad de condiciones en que las culturas se ofrecen a la población.
La economía ya no soporta privilegios impositivos que favorecen a monopolios, castigan la libertad económica y hacen recaer el gasto fiscal, masivamente, sobre los bolsillos de los que tienen menos ingresos y patrimonios exiguos. El 50% del gasto público lo financia el IVA que pagan los consumidores. Si sumamos otros impuestos indirectos, como peajes e impuestos a los combustibles ese porcentaje sube.