La construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo ha afectado glaciares, nacientes, ríos y acuíferos, entre otros muchos impactos. Estudios independientes y denuncias ciudadanas lo indican, sin embargo, la Superintendencia del Medio Ambiente no ha resuelto de forma satisfactoria estas denuncias. La Contraloría General de la República tampoco se ha pronunciado al respecto.

Además del río Maipo, la operación del proyecto impactará el caudal de los ríos Volcán, Yeso y Colorado a lo largo de 100 kilómetros, disminuyendo sus cauces en cerca de un 70%, es decir, entubará en una mega represa subterránea el 80% del sistema hídrico de la capital de Chile. Pero las consecuencias socioambientales las veremos cuando ya sea demasiado tarde.

Además de este enorme daño para el medioambiente y la disponibilidad de agua, hay otro actor polémico involucrado al margen de la empresa AES Gener y la austriaca Strabag, dueñas del proyecto, se trata de Aguas Andinas, empresa que ha incumplido la ley de servicios sanitarios (DFL 382) al permitir el uso de sus derechos de aguas y de la infraestructura pública sanitaria para otro fin distinto a lo que dice su concesión, que no es la producción eléctrica. Las consecuencias son gravísimas, tal y como la misma empresa señaló durante la evaluación ambiental del proyecto, indicando que Alto Maipo pone en riesgo el abastecimiento de agua potable para Santiago.

El presidente de la República puede declarar la caducidad de una concesión sanitaria en explotación “si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos” (art. 26 DFL 382).

El servicio concesionado implica el saneamiento y distribución del agua, ese es el mandato de Aguas Andinas, filial de Aguas Barcelona, quienes tienen vigente un contrato, otrora secreto, que los movimientos por el agua hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Cuando el proyecto entre en operaciones, a mediados de 2021 según ha anunciado la empresa, la afectación será mucho mayor, impactando también la calidad del agua, tal como lo indicó Aguas Andinas antes de sumarse al proyecto. Las disposiciones legales que vulnera Aguas Andinas son preventivas, y han sido incumplidas.

Debido a esto exigimos al presidente Piñera que caduque la concesión sanitaria de Aguas Andinas en la Región Metropolitana si esta empresa no pone fin a su contrato con AES Gener mediante el cual se hace partícipe del proyecto Alto Maipo, el que opera con el agua de la que dependen más de 7 millones de personas. En el contexto de cambio climático y escasez hídrica que hoy vivimos, debemos tomar una decisión como país y no permitir que este nefasto proyecto entre nunca en funcionamiento.