El asalto del Capitolio en EEUU, el 6 de enero de 2021, incitado por el discurso populista de extrema derecha de un presidente que se niega a dejar el poder es extremadamente grave. Pero no sólo para EEUU, sino más bien para todos los que promovemos la democracia como la forma menos imperfecta para administrar la convivencia y tomar decisiones representativas, legítimas y transparentes, y que observamos con horror la extrema fragilidad que hoy exhibe la democracia representativa en el mundo.

Pero no debe sorprendernos demasiado. Si un discurso como el de Trump congrega y moviliza a 75 millones de votantes e incita de modo sedicioso a asaltar el Poder legislativo, esto obedece a un abandono paulatino, pero sistemático, de la esencia y el sentido de una genuina democracia, no sólo en EEUU, sino en todo el mundo, que hoy aparece comandada en muchos países por liderazgos populistas de extrema derecha. ¿Qué ha llevado a esta implosión de las democracias representativas, que, aunque nunca cumplieron plenamente todos los objetivos que habían comprometido, al menos habían estado mucho menos distantes de aquellos?

La principal razón es que a partir de la hegemonía ultraliberal desde fines de la década de 1980 y su implantación o imposición en todo el orbe, los nuevos gobiernos deshicieron las constricciones institucionales que impedían la enorme concentración del poder económico en manos de grandes conglomerados financieros y derrumbaron los muros que impedían que los poderes económicos capturaran los sistemas políticos (partidos, aparatos de Estado y organizaciones civiles voluntarias). A partir de ese momento, que en gran medida se exacerbó con la desaparición de la URSS en 1990 y de un orden mundial que se regía por el equilibrio entre dos polos, los grandes grupos económicos se concentraron de un modo como nunca antes se había visto, y con la colaboración de sus portavoces de derechas, fueron debilitando funciones esenciales que el Estado cumplía en materia social a través de instrumentos redistributivos (impuestos y bienes públicos fundamentales), erosionaron las funciones y la influencia de los sindicatos -perdiéndose con ello el rol del Estado como verdadero pivote entre trabajo y capital- paralizaron y revirtieron luchas fundamentales (como las de los derechos de las mujeres), se distribuyeron las zonas de influencia que la ex URSS tenía en el mundo, recolonizaron el planeta por medio de grandes flujos de capital desregulados, exacerbaron su depredación extrema y llegaron a tomar el control político total de muchos países. En eso consistió la versión ultra liberal de la Segunda Globalización (la Primera transcurrió entre 1870 y 1913).

Pero tras treinta y cinco años de paz ultraliberal, lo que reina es el conflicto social y la descomposición de la democracia. El porcentaje de la renta nacional que se apropia el 1% más rico de la población creció de una manera impresionante, lo que detuvo el proceso de reducción de la brecha de ingreso que se venía dando desde la década de 1950, y comenzó a generar brechas de ingreso similares a las que existían en el mundo a inicios de siglo XX. Se creyó que esas dinámicas podrían ser contrarrestadas por partidos progresistas que repusieran ciertas reglas del juego básicas. Pero en la medida que se permitió que los grupos empresariales financiaran las campañas electorales y el funcionamiento regular de los partidos a través de todo tipo de argucias (fundaciones, triangulación de activos, etc) casi todos los partidos fueron cooptados y corrompidos, al punto de que la toma de decisiones dejó de depender de los deseos de millones de votantes, y en la práctica, se volvió al siglo XIX, donde la influencia invisible de los grupos empresariales impedía que cada voto valiera lo mismo. Con ello, se vació la esencia y el sentido del concepto de la democracia moderna, y aunque se mantuvieron sus aspectos formales, se pasó a un completo simulacro de ella.

No existiendo coaliciones mayoritarias no cooptadas, a fines de la segunda década del siglo XXI los millones de “perdedores” de esta Globalización Ultraliberal no hallaron canales adecuados para dirigir su insatisfacción y sus demandas, vino una creciente frustración y una posterior desesperación. Por ello, aunque muchos de ellos provenían de organizaciones de trabajadores, sectores mesocráticos, funcionarios públicos y sectores populares organizados, la industria de los grandes medios de comunicación en manos de los mismos grupos empresariales, se encargó de levantar discursos populistas de derechas, que diariamente les transmitieron sueños aspiracionales y arribistas, discursos de odio contra los inmigrantes, los pobres y los marginados culturalmente, y los dividieron para enfrentarlos y reagruparlos como rebaños bajo liderazgos mesiánicos. Una buena parte de ellos constituyen los 75 millones de votantes de Trump, como los que votan a Bolsonaro en Brasil o a Viktor Orbán en Hungría, aunque se podrían citar muchos más. Tal como durante la República de Weimar en la Alemania de 1920, conforman grupos mesocráticos empobrecidos y sectores populares que han quedado totalmente desamparados, y que, así como otrora con los nazis, hoy son presa fácil de populismos de derechas.

¿Por qué importa vincular este fenómeno -que está muy lejos de detenerse y que vimos claramente en EEUU- con el Proceso Constituyente en Chile?

Porque ese proceso de dramático debilitamiento de la Democracia, que de un plumazo arrebató la ingenua superioridad que muchos norteamericanos le atribuían a su sistema político, no nos es ajeno, y la forma como se expresa en las últimas décadas en Chile, no sólo no es menos negativa, sino que podría considerarse peor. De ser así, lo que se juega en el Proceso Constituyente chileno no se acota a recuperar ciertos equilibrios económicos, sociales y políticos fundamentales a través de nuevas reglas del juego y de innumerables contratos que se desprenden de ellas, sino además, a terminar con una deriva corrupta que ha venido carcomiendo nuestras instituciones representativas fundamentales y nuestra cultura cívica, para evitar el bochorno y la vergüenza que implica que una mayoría de connacionales voten por personajes e intereses tan contrarios a principios, valores y derechos universales esenciales. Algo de eso ya hemos venido experimentando.

En efecto, se podría interpretar que en alguna medida la segunda asunción de Sebastián Piñera al poder se produjo en parte por esa emigración de votantes que tradicionalmente habían sido de izquierda, centro-izquierda y centro, pero que cansados del bloqueo político dentro de la Nueva Mayoría, y la apertura de la Caja de Pandora que significaron los casos de corrupción entre políticos y empresarios, vio mayores posibilidades de cumplir con sus horizontes aspiracionales a través de otra alternativa. Esa esperanza era absolutamente ilusoria, porque en Chile los mecanismos de concentración de la riqueza, los instrumentos de captura del poder político, el desamparo de sectores medios y populares por parte del Estado y el abuso constante al que estaban expuestos, eran mucho más elevados que en EEUU, ya antes de Piñera, y era completamente absurdo que eso no continuara y no empeorara, como 2019 se encargó de demostrar. Esa volatilidad en el votante chileno advierte que el apoyo a los procesos de transformación que irrumpieron con el “Despertar” de octubre de 2019 puede perfectamente diluirse si el proceso constituyente se entrampa o no es mínimamente satisfactorio, y no podría descartarse que más adelante se incline por una opción populista de derechas.

Por eso no podemos fracasar. Es demasiado lo que se juega. La gran mayoría de los chilenos espera una reorientación importante de los contratos y de las reglas del juego. No lo echemos a perder. Y si en algún momento nos ataca la tentación sectaria, dogmática o fundamentalista, podemos conjurarla fácilmente mirando hacia el norte.