A casi dos meses de dictado el fallo definitivo sobre la Matanza de Laja-San Rosendo, el principal condenado aún no comienza a cumplir el presidio perpetuo que ordenó la justicia. La situación del ex oficial de Carabineros, Alberto Fernández Mitchell, es críticada por autoridades y abogados de derechos humanos.

En marzo de este año, la Corte Suprema confirmó la sentencia del ministro en visita, Carlos Aldana, sobre la responsabilidad de uniformados, y civiles, en los homicidios de 19 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles. Lo anterior, perpetrado tras el golpe de Estado de 1973.

Sin embargo, a la fecha el principal condenado aún no ha comenzado a cumplir su sentencia, como lo ordenó el tribunal. La demora en el inicio del cumplimiento de la pena por parte de Alberto Fernández Mitchell, ex oficial de Carabineros, está siendo objeto de críticas por parte de autoridades y abogados de derechos humanos.

De momento, un civil se mantiene a la fuga. Se trata de un exmiembro de Patria y Libertad, quien está condenado en esta causa. Respecto del teniente (r) Alberto Fernández Mitchell, la pena de presidio perpetuo no ha sido notificada por personal de la PDI.

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La diputada comunista, María Candelaria Acevedo, expresó que los tribunales deben ejercer las acciones necesarias para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. Especialmente cuando se trata de personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

“Lamentamos la situación que está ocurriendo con este personaje, involucrado en violaciones a los derechos humanos, en cuanto hoy día está prófugo de la justicia”, señaló, agregando que “nosotros esperamos que se pueda intensificar el rastreo y los recursos para poderlo encontrar. También creemos que es importante que, así como se entregan recursos para detener a otras personas, también debería facilitarse para esta situación en esta región”.

En igual sentido se manifestó el abogado querellante en la causa, Adolfo Montiel, señalando que no solo hay condenas que no se comienzan a cumplir, sino también las acciones de abogados defensores están frenando el cumplimiento del aspecto civil de la sentencia, es decir, el pago de las costas y las indemnizaciones para los familiares de las víctimas.

Se sabe que a raíz de la situación con Fernández Mitchell, el ministro Aldana ordenó la apertura de un cuaderno secreto con diligencias para su captura y el envío a la cárcel para el cumplimiento de su condena.