El pasado sábado 31 de octubre, la Embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg, publicó una columna de opinión titulada “Mujeres para la Paz y por la Paz: 20 años de la resolución 1325”. En ella, la Embajadora presume del progreso en equidad de género que tuvo el Estado que representa, el cual fue fomentado a través de un Plan de Acción Nacional, que tenía como objetivo aumentar la participación de mujeres en los organismos de toma de decisiones, en los procesos de prevención y solución de conflictos.

Si bien el contenido de la Resolución 1325 que creó la “Agenda Mujeres, Paz y Seguridad” está bien resumida por ella -que pretendía incorporar una agenda de género en la resolución de conflictos, en el mantenimiento de la paz y en la toma de decisiones- su opinión se vuelve inconsecuente a la hora de considerar factores tales como, el rol que ha tenido el Estado de Israel frente a la ilegal ocupación de Palestina, la violación de los Derechos Humanos, incluyendo la violencia de género, hacia las mujeres y al Pueblo Palestino.

El motivo de su carta recae, quizás, en un doble estándar del Estado en cuestión, intentando mostrarse como pluralista, democrático y moderno frente al mundo, al recalcar sus autoridades constantemente “logros”, como lo son en este caso el avance en pos de la equidad. Sin embargo, al momento de enfrentarse al cuestionamiento y sanciones por sus políticas de Apartheid y de violaciones a los Derechos Humanos, no sólo por parte de las Naciones Unidas, sino también por la Comunidad y el Derecho internacional, se muestran indiferentes.

De esta misma manera, no se refieren a los más de 70 años de colonización y más de 50 años de ocupación militar. Tal violencia institucional implica a su vez denigración hacia las mujeres en todo sentido, tanto en la inclusión a puestos de trabajo, acceso a vivienda, en los checkpoints o en las cárceles al visitar sus familiares.

“Deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes”, dijo el año 2015 la entonces ministra de Justicia de Israel, Ayelet Shaked.

El encarcelamiento arbitrario, incluso a menores de edad, es sólo una de las injusticias que se viven a diario a manos del Estado de Israel. Ejemplo de ello, es el conocido caso de Ahed Tamimi, adolescente que estuvo presa ocho meses -sin cargos ni juicio- por abofetear un soldado israelí, el cual se suma a otros casos extremos de mujeres que han tenido que dar a luz engrilladas o en puntos de control israelíes (checkpoints).

La perspectiva de género, como se señala en la opinión de la Embajadora, es importante para la consecución de la paz, pero es absurdo promoverla cuando en la realidad existe el Plan de Anexión contra Palestina, un régimen de Apartheid que impide cualquier tipo de igualdad, más allá del género, y que una de sus políticas públicas es el ataque armado contra niñas y adolescentes por parte de las Fuerzas de Ocupación de Israel.

Obviar esto, es ocultar la paradoja y doble moral con que convive el Estado de Israel.

Dalal Marzuca
Unión General de Estudiantes Palestinos (UGEP)