Proyecto de Ley de Patrimonio: En el actual contexto, no hay legitimidad posible

El Proyecto de Ley de Patrimonio ingresado el año pasado al Parlamento, con un importante consenso sobre la necesidad de una nueva ley e institucionalidad para el Patrimonio Cultural, no sólo generó rechazos amplios y transversales. El contexto político y social, producto del estallido social y la pandemia, ha cambiado de forma drástica, lo que que impide, a nuestro juicio, una buena discusión y la necesaria Consulta Indígena, además de haber cambiado de manera tajante las necesidades, urgencias como la agenda política tanto del gobierno como de la oposición.

Contexto en que se presentó el Proyecto de Ley de Patrimonio

El proyecto de Ley de Patrimonio surge en un contexto favorable ya que existe un gran consenso sobre la necesidad de tener una nueva ley, normativas e institucionalidad para el sector. Abordar temas como el Patrimonio Inmaterial, Paisajes Culturales, descentralización e institucionalidad, en especial con el nuevo Ministerio de las Culturas, entre otros, tienen apoyos transversales.

Por otros lado, el actual gobierno de Sebastián Piñera había sido elegido con una alta votación, por lo que contaba con un respaldo ciudadano significativo.

Sin embargo, estos dos importantes factores no fueron aprovechados de manera adecuada.

Un proyecto de Ley de Patrimonio sin apoyos

Por un lado, no hubo un proceso participativo para elaborar el proyecto ni se buscaron consensos con diversos actores relevantes. Es un proyecto que apareció como una iniciativa inconsulta, sin apoyos previos. Este proyecto de Ley de Patrimonio surge y se presenta sin tener un trabajo político y ciudadano que le diera un sustento mínimo, básico, para gestionarlo en el Parlamento.

A lo anterior, debemos agregar que el Proyecto de Ley de Patrimonio generó un amplio, fuerte y transversal rechazo, con críticas de fondo muy diversas, con solicitudes explícitas a recharzarlo aduciendo que era imposible de arreglar para que llegara a ser aceptable. Muchas demandas pidieron que fuera retirado del Congreso para que se hiciera un proyecto nuevo. En este rechazo estuvieron arqueólogas y arqueólogos, antropólogos, representantes de pueblos originarios, arquitectos y organizaciones ciudadanas, entre otros.

En concreto, estábamos ante un proyecto con un fuerte rechazo, incluido los trerabajadores del propio Ministerio de las Culturas, es decir por parte de las personas que tendrían que trabajar de acuerdo a este Proyecto de Ley, de llegar a aprobarse. Esta situación es particularmente grave, porque no concibo un Ministerio trabajando de acuerdo a una ley que rechazan sus funcionarios de manera categórica.

Estallido Social

Entonces, en este ambiente adverso para el proyecto de Ley de Patrimonio, vino el Estallido Social, con movilizaciones en las que particiiparon 4, 5, 6 millones de personas al menos una vez. Éste implicó un descenso estrepitoso en el apoyo al gobierno, que ya estaba bajo, pero también para la oposición. En definitiva, el gobierno, que presenta y gestiona el proyecto de ley, como los parlamentarios, los encargados de legislar, de aprobar las leyes, simplemente no cuentan con el apoyo ciudadano que les dé legitimidad a sus acciones y resoluciones.

Junto a lo anterior, el estallido social ha provocado un cambio profundo en las agendas tanto de gobierno como de la oposición, para estar en sintonía y responder -de alguna forma- a las grandes demandas ciudadanas. En esas demandas y urgencias no está el Patrimonio Cultural. No era el momento frente a la situación que vivía el país.

Pandemia

Luego se ha sumado a la crisis la pandemia del Covid-19, que ha obligado a decretar cuarentenas, distanciamiento social, ha paralizado a buena parte del país y ha disparado el número de perosnas que están sin trabajo a cifras cercanas al 30% (cesantes más personas que perdieron sus trabajos y no están buscando empleo dadas la situación que estamos viviendo).

En estas circunstancias, es absurdo hacer procesos participativos, una consulta indígena, incluso pongo en duda que existan las condiciones para reflexionar de manera adecuada sobre un tema complejo que no es prioridad o, más bien, cuando hay múltiples urgencias que tienen relación con la sobrevivencia y la salud de las personas.

En un periodo de tantas incertidumbres, es muy difícil pensar a futuro. Menos si se hace sin participación, sin grandes consensos, porque se necesitará muchos esfuerzos y trabajo conjunto para salir adelante y superar las crisis.

Seguir tramitando este proyecto es no comprender lo que pasa en el país, es mostrar niveles preocupantes de disociación.