La crisis sanitaria nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Mientras el gobierno ha propuesto una serie de medidas para apoyar a las empresas por montos en torno al 5% del PIB, las propuestas iniciales del gobierno de apoyo efectivo a las familias más vulnerables han sido visiblemente menor – y peor aún – promueven que los trabajadores paguen el costo y los riesgos de la crisis.
La crisis de la pandemia ha puesto al gobierno a una serie de presiones sin precedentes y muchas de sus medidas han estado muy lejos de lo esperado. La presión de la ciudadanía y sectores de la oposición han jugado un papel clave en mejorar los proyectos para acercar los montos a pisos mínimos que permitan la subsistencia. Por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia logró pasar de $260.000, para una familia de 4 personas, a $400.000 mil pesos. La línea de la pobreza, para esa familia, se sitúa en $450.000 y la de la extrema pobreza en $300.000.
Lamentablemente, otros proyectos no han corrido la misma suerte y esto se puede deber a un fuerte sesgo del gobierno de no afectar a las empresas o endeudar al Estado. La suspensión laboral, que afecta a más de 600 mil trabajadores, no sólo es decreciente en el tiempo, además es a cargo de sus cuentas individuales. Aquí, el costo de la crisis se la llevan los trabajadores que se quedan sin fondos para futuras cesantías o jubilación, sin que las empresas tengan que dar una contraparte.
Llama la atención que, a pesar de desprender de gran parte de sus obligaciones por parte de los empleadores a los trabajadores, el pago de las cotizaciones previsionales queda intacto. Obligar a los empleadores a entregar dicho monto a sus trabajadores activos o suspendidos hubiera aumentado en un 10% sus remuneraciones sin ningún costo por parte del Estado ni la empresa. Al parecer, para el gobierno, es más importante dejar indemne los ingresos de las AFP’s y el capital fresco que se inyectan a las grandes empresas, por sobre la digna supervivencia de las y los trabajadores.
El exsuperintendente de pensiones Álvaro Gallegos ha propuesto el retiro de los fondos de las AFP’s, contra un bono de reconocimiento, para que las personas puedan estar tranquilas en sus casas. Una medida como esta podría, por ejemplo, permitir que los trabajadores puedan pagarse un sueldo mensual de sus fondos de las AFP. Cuando el trabajador se jubile, el Estado deposita en una cuenta el monto que fue retirado en esta crisis. Los costos de la crisis no la pagan los trabajadores y el Estado podrá pagarlo de forma paulatina haciendo menos dura la recuperación. Otros economistas han propuesto que las personas se endeuden sobre los ahorros de las AFP y otros proponen que se aumente la edad de jubilación si se retiran dineros. El gobierno ha rechazado esta propuesta, cuando incluso personeros de la derecha han salido apoyando iniciativas similares (como R. Carter y M. Desbordes).
Por el contrario, el gobierno ha anunciado un proyecto de ley para que las AFP’s puedan aumentar su inversión en deuda de grandes empresas, sin que la deuda sea analizada por evaluadores de riesgo. Esta propuesta implicaría rescatar grandes empresas mediante préstamos a cargo de los fondos de las jubilaciones de los trabajadores. Seremos todos nosotros los que, con los fondos de nuestras pensiones, rescataremos a las empresas que ni los bancos ni sus dueños estén dispuestos a capitalizar por el alto riesgo que conllevan. Nuevamente el costo y el riesgo se lo llevan los trabajadores.
Si el objetivo es capitalizar a grandes empresas fuertemente afectadas por la crisis existen otras alternativas: los diputados y la diputada de Convergencia Social presentaron un proyecto para regular el apoyo del Estado a empresas afectadas por esta crisis, exigiendo garantías sociales y propiedad de las empresas afectadas. Rescatar a grandes empresas, y las fuentes de trabajo, pero no a costa de los trabajadores (y sus pensiones futuras). Lamentablemente, el 17 de junio, los diputados oficialistas y parte de la ex concertación votaron para declarar inconstitucional el proyecto.
Las políticas del Gobierno con los trabajadores, sus jubilaciones y el seguro de cesantía han tenido un altísimo sesgo a favor de las grandes empresas, y bajo apoyo hacia los trabajadores. Las familias necesitan condiciones materiales reales para poder hacer efectiva la cuarentena y poder así, no tener que elegir entre el hambre o la enfermedad.
Ya que en Chile no existe seguridad social y las ayudas del gobierno han sido insuficientes, suena razonable utilizar parte de los fondos de las AFP’s para sobrellevar la crisis sin que esto vaya en desmedro de las pensiones futuras. No queremos salvar el presente a costa de una profundización de la pobreza futura de nuestros pensionados.
Entendiendo que el sistema de capitalización individual tocó fondo, una solución plausible es que el retiro de fondos vaya de la mano con un reconocimiento de deuda por parte del Estado, como propuso Gallegos y Carter, pero que el reintegro de dichos fondos vayan a un fondo colectivo. Este fondo, luego recibiría aportes de forma tripartita por parte del Estado, los empleadores y los trabajadores. Esta propuesta no solo ayudará a paliar la crisis actual, sino que sería el primer y necesario cambio al sistema de seguridad social para avanzar a un sistema solidario, que podrá entregar mejores pensiones a futuro con un carácter solidario.
Esperemos los políticos actuales y futuros tomen nota de la importancia de una seguridad social que proteja a los trabajadores y sus familias. Hoy es una necesidad de supervivencia.
Por Rafik Mas’ad, Mg. en Ciencias de la Ingeniería y Francisco Meneses, MPA/ID de Harvard y PhD (C) de Duke
