Opinión
Jueves 29 marzo de 2018 | Publicado a las 09:38
La improvisaci√≥n de √ļltimo momento en Derechos Humanos de la Nueva Mayor√≠a
Publicado por: Tu Voz
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Durante los √ļltimos d√≠as del gobierno de la Nueva Mayor√≠a se realizaron dos acciones en un intento por terminar la administraci√≥n abordando parte de la tremenda deuda que tiene Chile en el √°mbito de verdad, justicia y reparaci√≥n. Ambas acciones han causado un gran revuelo a nivel nacional y la discusi√≥n al respecto se ha centrado exageradamente en los actos y desencuentros entre los distintos actores pol√≠ticos intervinientes. Para sacar en limpio algo de estos eventos es necesario revisarlos al detalle y por sobre todo ponerlos en un contexto pol√≠tico m√°s amplio para poder proyectar los escenarios que abren.

La primera de estas acciones, el cierre del penal Punta Peuco, no llegó siquiera a materializarse por razones que tienen que ver más con la falta de voluntad política que cualquier otra cosa y que veremos más adelante. La segunda es una denuncia genérica ingresada por la exsubsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fríes al Poder Judicial, por los más de 30.000 casos de tortura reconocidos por las comisiones Valech I y II. Esta acción, que en principio parece abrir un camino para lograr justicia y cuyo éxito nos parece deseable, tiene varios problemas que dejan incerteza sobre su seriedad y eficacia.

En primer lugar, la denuncia mencionada fue realizada en el √ļltimo d√≠a de la administraci√≥n y no consider√≥ la voz de las y los sobrevivientes reunidos en las organizaciones de exprisioneras y exprisioneros pol√≠ticos y familiares. Es m√°s, la misma Lorena Fr√≠es argument√≥ al medio ‚ÄúEl Pa√≠s‚ÄĚ de Espa√Īa que la acci√≥n fue realizada a √ļltimo momento por supuestas ‚Äúdificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura‚ÄĚ, incumpliendo de esta forma un principio b√°sico de la justicia transicional: considerar a las v√≠ctimas en cada una de las acciones que tome el Estado, aun cuando √©stas sean en su favor.

Es necesario mencionar que cualquier persona puede denunciar violaciones a los Derechos Humanos al Poder Judicial. Esta medida se encuentra como una posibilidad desde hace varios a√Īos y pudo haberse realizado desde los a√Īos 2004 y 2010, oportunidades en que el Estado, a trav√©s de las Comisiones de Verdad sobre prisi√≥n pol√≠tica y tortura (Valech I y II), reconoci√≥ la pr√°ctica sistem√°tica de la tortura durante la Dictadura militar. Las condiciones para realizar una acci√≥n como esa, que implica abrir de manera responsable m√°s de treinta mil investigaciones, a√ļn no existen ni han sido propiciadas por los distintos gobiernos desde esas fechas. Es preocupante el considerar que actualmente no se cuenta con recursos y personal suficiente para investigar los m√°s de treinta mil cr√≠menes, y sancionar a los responsables con todos los resguardos necesarios para alcanzar verdadera justicia. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos que en primer lugar la Unidad del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por su competencia, no presta asistencia legal y social a las v√≠ctimas de prisi√≥n pol√≠tica y tortura, es decir, el Estado no puede proveerlos de abogados querellantes; en segundo lugar, la base de datos digital que cruza toda la informaci√≥n disponible sigue bajo secreto de 50 a√Īos; y por √ļltimo tampoco se avanz√≥ en la creaci√≥n de la necesaria Unidad del Protocolo de Estambul en el Servicio M√©dico Legal, es decir, carecemos de los recursos para practicar esta diligencia esencial en este tipo de casos.

Claramente, la oportunidad y la forma en que se intentaron materializar estas medidas, no parecen expresi√≥n de un aut√©ntico inter√©s por avanzar en la lucha contra la impunidad: antes del d√≠a s√°bado 10 de marzo, no existieron medidas concretas que hubiesen buscado acabar con las trabas burocr√°ticas que rodean la investigaci√≥n de miles de casos de torturas. Tampoco existi√≥ un acto pol√≠tico, de Estado, que asegurara el fin a los privilegios de los condenados recluidos en Punta Peuco. Lo que conocemos es el bochornoso ejercicio de atribuir responsabilidades pol√≠ticas a una autoridad en particular, cuando el nombramiento y mantenci√≥n en el cargo a Jaime Campos, habla de un gobierno que puso sus equilibrios e intereses pol√≠ticos por encima de sus declarados principios y promesas en materia de Derechos Humanos. Esta promesa no se incumpli√≥ por falta de d√≠as ni por desacuerdos que no pudieran resolverse en un gobierno de cuatro a√Īos, sino claramente por la falta de voluntad pol√≠tica que se concretara con una medida de autoridad oportuna y efectiva.

Los sobrevivientes de prisi√≥n pol√≠tica y tortura han luchado por a√Īos por justicia efectiva m√°s all√° del reconocimiento, para ello han agotado las instancias nacionales en b√ļsqueda de verdad, justicia y reparaci√≥n. Por esta raz√≥n ingresaron, a comienzos de este mes de marzo, una denuncia contra el Estado de Chile a la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos, por el incumplimiento de las obligaciones internacionales en este √°mbito.

Si bien la denuncia hecha por la exsubsecretaria podría contribuir al esclarecimiento de la verdad, nos preocupa que una acción improvisada coloque en riesgo dicho objetivo. Sin contar con los recursos y personas necesarias para que todas las causas se lleven a término con una investigación acuciosa, se corre el serio peligro de que muchas de ellas no puedan investigarse con el rigor que merecen estos asuntos, ni con la rapidez que permita alcanzar justicia, antes que el tiempo cimente la impunidad.

En √ļltima instancia, la pregunta clave en este panorama ser√≠a saber en qu√© pie nos dejan estas acciones en la defensa actual de los Derechos Humanos. Por una parte, pensamos que especialmente el bochorno de Punta Peuco representa un retroceso respecto al deber del Estado de establecer garant√≠as de no repetici√≥n irradiando con ello hacia otros √°mbitos del Chile contempor√°neo, pues se env√≠a una se√Īal preocupante a las fuerzas armadas y de orden, as√≠ como a la sociedad en general: mientras los cr√≠menes m√°s atroces del pasado contin√ļen impunes, se perpet√ļa una cultura de la impunidad que inevitablemente relativiza pr√°cticas actuales como abuso de poder, torturas o criminalizaci√≥n del movimiento social.

Asimismo, la actuaci√≥n err√°tica de la saliente administraci√≥n tiene finalmente un efecto contraproducente: con Chile Vamos en el gobierno y con la ultra derecha ganando notoriedad p√ļblica, el fallido cierre de Punta Peuco y las incertezas sobre la b√ļsqueda de justicia, evidenciaron la falta de contrapeso de la pol√≠tica de la transici√≥n a las diversas formas de apolog√≠a al terrorismo de Estado, relativizaci√≥n o negacionismo.

Frente a un escenario como este, creemos necesario que las organizaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos profundicen un proceso de lucha que fortalezca y canalice políticamente la resistencia que ha permitido mantener este tema vigente, vinculándolo especialmente a los modos en que tales vulneraciones se expresan en el Chile de hoy. Creemos que, para comenzar este camino, un avance real en reparación, verdad y justicia resulta indispensable y urgente.

Investigadores del grupo de Derechos Humanos, Fundación NODO XXI.
Paz Becerra
Juan Maureira
Esteban Miranda
Haydee Oberreuter
Enrique Riobó

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