¿Hacienda bajo la sombra del narco?: las preguntas que José Kast debe responder

Hay una diferencia enorme entre un escándalo y una crisis de Estado. Un escándalo termina con una renuncia. Una crisis de Estado comienza cuando las preguntas siguen sin respuesta.

No estamos hablando de un funcionario cualquiera. Estamos hablando del subsecretario de Hacienda, la autoridad que participa en la elaboración y administración del presupuesto de la nación. La persona que opina, negocia y decide sobre miles de millones de pesos que terminan financiando —o dejando de financiar— la seguridad, la salud, la educación y el funcionamiento del Estado.

Y ahora sabemos que esa autoridad consumía drogas. La primera reacción del Gobierno fue pedirle la renuncia. La segunda debiera ser decir la verdad. ¿Desde cuándo lo sabían? ¿Qué decisiones tomó mientras ejercía el cargo y cuántas de éstas fueron bajo el efecto de las drogas? ¿Quién certifica que su capacidad para desempeñar una de las funciones más delicadas del Estado nunca estuvo comprometida?

Y hay preguntas todavía más incómodas.

Las drogas ilegales no se compran en una farmacia. Alguien las vende. Alguien las distribuye. Alguien las acerca. ¿Quién? ¿Existió algún vínculo con redes de narcotráfico? ¿Se investigará con el mismo rigor que se investiga a cualquier ciudadano o habrá un estándar especial para quienes ocupan el poder?

Y otra pregunta que el país tiene derecho a formular. ¿Qué injerencia tuvo el subsecretario en la decisión de rebajar en más de 70 mil millones de pesos el presupuesto de Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones u otros organismos encargados de perseguir el crimen organizado? ¿Cuál fue su participación en esas definiciones y cuáles fueron sus fundamentos?

Preguntar no es acusar. Preguntar es exigir rendición de cuentas. Cuando una autoridad administra el presupuesto de todos los chilenos, la transparencia deja de ser una virtud. Se convierte en una obligación.

Los hechos conocidos en Hacienda se suman al tráfico de drogas detectado en otras instituciones del Estado -incluso con el uso de aviones de la Fuerza Aérea-. Ya no hablamos de casos aislados, sino de un gobierno bajo interdicción.

Quienes prometieron tolerancia cero y ser los incorruptibles deben responder. El presidente José Kast y su ministro de Hacienda tienen el deber de explicar lo ocurrido, asumir responsabilidades y pedir perdón a los chilenos. No basta con informar que una autoridad dejó su cargo. La ciudadanía tiene derecho a saber desde cuándo existían antecedentes, qué decisiones adoptó esa autoridad durante su gestión y si alguna de ellas pudo verse comprometida.

No se trata de instalar sospechas sin pruebas. Se trata de despejar cualquier duda mediante una investigación seria y transparente. Esa es la única forma de proteger la confianza pública.

Porque una renuncia no borra las decisiones tomadas. El silencio nunca ha sido una política pública aceptable.