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En 2018, Chile por fin terminó con el polémico sistema de elección binominal. Sin embargo, para eliminarlo, se decidió aumentar el número de diputados de 120 a 155. La promesa era clara: un Congreso más numeroso permitiría una mejor representación política, fortalecería la democracia y enriquecería el debate legislativo.
De eso han pasado solo ocho años. No obstante, ha sido un tiempo suficiente para que este aumento haya quedado en entredicho, y por lo mismo, es legítimo preguntarse si la propuesta de valor finalmente se cumplió.
Analizando la situación actual, el Congreso no se volvió más eficiente. Los tiempos de tramitación de las leyes no disminuyeron. Los grandes proyectos continúan estancándose durante años entre comisiones, indicaciones y sucesivos trámites legislativos. Tampoco mejoró la percepción ciudadana sobre el Parlamento. Por el contrario, la confianza en esta institución, de la que yo ahora formo parte, ha seguido deteriorándose.
A ello se suma una crisis de prestigio difícil de desconocer. Hemos visto parlamentarios desaforados, formalizados o investigados, pertenecientes a distintos sectores políticos. No se trata de apuntar con el dedo a un partido en particular, sino de reconocer que el problema es institucional. Haber aumentado en casi un 30% el número de diputados no elevó la calidad del trabajo legislativo ni fortaleció el vínculo entre el Congreso y la ciudadanía.
Si una reforma no produjo los resultados que prometía, lo razonable es revisarla. No hay ninguna razón para mantener una estructura simplemente porque existe. Las instituciones deben evaluarse por sus resultados, no por sus buenas intenciones.
Algunos sostienen que reducir el número de parlamentarios afectaría la representación de las regiones. Ese argumento tampoco resiste un análisis serio.
Chile no es un Estado federal. Es un Estado unitario. La inmensa mayoría de las leyes que aprobamos rigen por igual desde Arica hasta Punta Arenas. Son muy pocas las normas cuya aplicación se limita a un territorio específico.
Por eso, la representación política no depende exclusivamente del número de escaños. Depende, sobre todo, de la capacidad de quienes ocupamos esos escaños, para escuchar a los ciudadanos, legislar con responsabilidad y fiscalizar eficazmente a los servicios públicos.
Producto de la coyuntura, algunos han llegado a decir que contar con menos diputados dificultaría la respuesta frente a catástrofes en regiones. Ese planteamiento confunde las funciones propias del Congreso.
Como diputada puedo fiscalizar, exigir respuestas, representar las demandas de los vecinos, acompañar a las comunidades afectadas y presionar para que las autoridades actúen con rapidez. Pero no puedo reconstruir viviendas, contratar maquinaria para despejar caminos, ejecutar obras de emergencia ni administrar recursos públicos destinados a enfrentar una catástrofe.
Esas responsabilidades corresponden al Gobierno central, a los gobiernos regionales y a los municipios. Esa es precisamente la lógica de nuestro ordenamiento institucional. El Congreso legisla y fiscaliza; no administra el Estado.
Existe, además, un aspecto que tampoco puede ignorarse: el uso responsable de los recursos públicos. Reducir en 35 el número de diputados permitiría un ahorro cercano a los 8.400 millones de pesos al año. No se trata de castigar a todos los diputados ni de abrir un debate sobre las remuneraciones parlamentarias. Se trata de preguntarnos si el Estado debe seguir financiando una estructura más grande cuando esa estructura no ha demostrado producir mejores resultados.
Esos recursos podrían destinarse a fortalecer áreas donde las necesidades son evidentes: equipamiento para las policías, insumos para la salud pública, mayor capacidad para resguardar nuestras fronteras o cualquier otra prioridad que impacte directamente en la seguridad y el bienestar de los chilenos.
Volver a una Cámara de 120 diputados no resolverá, por sí solo, todos los problemas del Congreso. Pero sí constituye una señal política importante. Significa reconocer que las instituciones también deben ser capaces de autocorregirse y que la política no puede estar orientada a preservar espacios de poder, sino a servir mejor al país.
La fortaleza de una democracia nunca ha dependido de cuántos parlamentarios tiene. Depende de la calidad de las leyes que produce y de la confianza que inspira en la ciudadanía.
