Una mancha en la justicia internacional

Uno de los principios fundamentales de la justicia es que aquellos que tienen la responsabilidad de juzgar a otros deben tener una conducta intachable. En ese sentido, la autoridad de un tribunal no proviene únicamente de sus estatutos o de sus procedimientos, sino también de la integridad de quienes ejercen el poder de investigar, acusar y solicitar la privación de libertad.

Por eso, la reciente destitución del ahora exfiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, constituye un golpe para la credibilidad de la institución. En efecto, alguien que abusó de la posición de poder que tenía dentro de la propia Corte carece de la autoridad moral para juzgar las decisiones de legítima defensa adoptadas por un país democrático, que enfrenta una organización terrorista responsable de la peor masacre contra el pueblo judío desde el Holocausto.

Las órdenes de arresto promovidas por Khan contra autoridades israelíes nunca fueron un acto genuino de justicia, sino parte de una campaña de desprestigio político e institucional contra Israel. Hoy, la caída de quien impulsó esas acciones nos obliga a preguntar cuánto de aquella ofensiva respondió al derecho y cuánto a las inclinaciones personales y políticas.

Adicionalmente, para Israel resulta imposible ignorar el profundo daño moral que produjo la decisión de presentar simultáneamente solicitudes de arresto contra dirigentes israelíes y contra los líderes de Hamás. El efecto político y simbólico de esa decisión fue la instalación de una narrativa de equivalencia entre un Estado democrático que combate el terrorismo y una organización cuya estrategia consiste precisamente en asesinar civiles, secuestrar niños, violar mujeres y utilizar a su propia población como escudo humano.

A lo anterior hay que sumar que, al solicitar órdenes de arresto de autoridades israelíes sin haber demostrado la falta de mecanismos de control institucional dentro del país, Khan sustituyó un criterio jurídico por uno político, desnaturalizando el principio de complementariedad contenido en el Estatuto de Roma, según el cual la Corte Penal Internacional solo debe intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar seriamente los hechos por sí mismo.

Al respecto, cabe destacar que Israel posee un sistema judicial reconocido internacionalmente por su independencia, con una Corte Suprema que ha revisado durante décadas decisiones militares y gubernamentales, incluso en medio de conflictos armados. Las investigaciones internas sobre la conducta de las Fuerzas de Defensa de Israel forman parte de ese marco institucional y responden precisamente al modelo que el derecho internacional busca proteger.

El episodio protagonizado por Karim Khan revela que cuando las instituciones internacionales permiten que sus decisiones sean percibidas como instrumentos de agendas políticas, terminan debilitando precisamente aquello que buscan proteger, es decir, la confianza en el derecho internacional.

Israel ha advertido desde hace años sobre el riesgo de una estrategia de lawfare, mediante la cual los mecanismos jurídicos son utilizados para aislar políticamente a democracias que enfrentan amenazas terroristas, mientras por otro lado las coaliciones automáticas de estados hostiles y muchas veces dictatoriales moldean el debate internacional.