Que quede claro desde la primera línea: no estoy en contra de la industria del salmón. Voté solo a favor en la megarreforma -que en días será ley- la indicación que justamente potencia la industria salmonera en el sur austral del país. Quiero que esta industria crezca, que exporte más, que dé más trabajo a las familias del sur de Chile. He defendido su empleo en cada tribuna donde me ha tocado hablar. Pero hay algo que no voy a defender jamás: la idea de que la rentabilidad vale más que la vida. Y eso es exactamente lo que está pasando.
Once trabajadores muertos en siete meses. Once. Uno y medio por mes, con la regularidad de un calendario. Buzos jóvenes, hijos de la pesca artesanal, subcontratados para hacer el trabajo más peligroso al menor costo posible, muriendo a treinta metros de profundidad mientras arriba se celebran cifras récord de exportación.
Si en cualquier otra industria de este país murieran once trabajadores en siete meses, tendríamos ministros interpelados, comisiones investigadoras y titulares en cadena nacional. Aquí, silencio. Ni una coma del Gobierno para otorgar mayor seguridad. Nada.
Chile aprobó una Ley de Buceo. Fui uno de sus autores y la celebramos. Pero una ley sin reglamento es una promesa firmada con lápiz mina: siete meses después no hay jornadas definidas, no hay descansos regulados, no hay protocolos exigibles. Mientras tanto, cuando la industria necesitó destrabar las microrelocalizaciones de sus concesiones, el Estado tramitó todo en semanas.
Esa es la incoherencia que denuncio: un Estado con dos velocidades, veloz para el capital, paralizado para el cuerpo del trabajador. La coherencia regulatoria es simple de entender: si el país puede correr para mover jaulas 350 metros, puede correr para que un buzo o un trabajador subcontratado de la industria, vuelva vivo a su casa. Lo demás es hipocresía institucional.
Y la incoherencia no termina en el mar. Termina también, en un baño.
Porque en esta industria de gigantes tecnológicos, de centros automatizados y jaulas con sensores satelitales, hay mujeres que vuelven de su posnatal y deben extraer su leche materna encerradas en un baño, porque la empresa no habilitó una sala digna. Trabajadoras a las que se les vulneran sus fueros maternos. Y este mismo Chile, el que permite eso, se lamenta después de tener una de las tasas de natalidad más bajas del mundo.
Seamos serios: no hay política de natalidad posible en un país donde la maternidad se ejerce en un baño de servicio. Una empresa capaz de mover un centro de cultivo completo mar adentro es a la vez incapaz de construir una sala de lactancia. Si no lo hace, no es por falta de recursos. Es porque decidió que esas mujeres no lo valen. Yo digo que lo valen y mucho. Son el motor de la productividad de la industria.
Y como si ello fuera poco, en tierra, las pymes que confeccionan redes —las mismas que levantaron esta industria cuando nadie apostaba por ella— están cerrando, desplazadas por redes importadas desde India, producidas en condiciones laborales que ninguna empresa chilena podría replicar sin terminar ante los tribunales. Eso no es competencia: es importar precariedad para exportar cesantía a nuestras regiones.
A la industria le digo con la franqueza de quien la ha defendido: crezcan, pero crezcan bien. Crecer bien significa cuidar el mar del que viven, porque no hay salmonicultura posible en fiordos muertos. Significa desarrollo comunitario real, no donaciones de fin de año: significa que Puerto Aguirre, Melinka, Quellón, Calbuco y Puerto Montt, vean en sus calles, sus escuelas y sus postas la riqueza que sale de sus aguas. Significa entender la sensibilidad de los tiempos: los mercados del mundo ya no compran solo salmón, compran trazabilidad, compran condiciones laborales, compran legitimidad.
Las denuncias por las condiciones de trabajo de esta industria ya llegaron a Estados Unidos, destino del 40% de la producción. El día que un mercado cierre la puerta por nuestros muertos, no habrá microrelocalización que salve el negocio. La humanidad no es enemiga de la rentabilidad: es su única garantía de largo plazo.
Al Gobierno le exijo lo mínimo: el reglamento de la Ley de Buceo ahora, no cuando enterremos al muerto número veinte. Fiscalización con recursos reales. Salas de lactancia y fueros maternos como condición de operación. Protección efectiva a las pymes proveedoras.
Soy socialista. Eso significa algo muy simple: creo en el crecimiento, pero creo primero en las personas que lo producen. El progreso que se construye sobre buzos muertos, madres humilladas y talleres cerrados no es progreso. Es una deuda que el país tarde o temprano paga completa, con intereses.
La industria del salmón puede ser el orgullo del sur de Chile. Pero el orgullo se escribe con vida, con dignidad y con mar limpio. O no se escribe.
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