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Una investigación publicada en abril de este año identificó 710 denuncias y procesos sancionatorios contra la industria salmonera chilena. Lejos de tratarse de episodios aislados, los antecedentes muestran un patrón persistente de incumplimientos regulatorios y ambientales que se ha extendido por años.
El listado de infracciones es conocido: sobreproducción sistemática en centros de cultivo; operación de instalaciones sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuando correspondía; entrega de información falsa o incompleta a la autoridad sobre mortalidades y morbilidades; incumplimientos en los programas de monitoreo ambiental; daño al fondo marino, contaminación y sobrecarga orgánica de los ecosistemas donde opera; y, en general, una alta resistencia al cumplimiento, excesiva litigación contra su fiscalización y la extrema judicialización de las sanciones impuestas por la autoridad competente, cuando eso ocurre.
Pero hay un dato que vuelve este escenario aún más preocupante: cerca del 30% de las infracciones ambientales de la salmonicultura se concentran en áreas protegidas, espacios que existen precisamente para resguardar un patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos.
Pese a ello, el Ejecutivo incorporó en su denominada Ley de Reconstrucción Nacional una serie de disposiciones que abren nuevas oportunidades para la industria salmonera, otorgándole facilidades que no encuentran justificación frente a un historial tan reiterado de incumplimientos.
Especial inquietud generan las normas sobre micro-relocalizaciones y relocalizaciones de concesiones. El concepto de micro-relocalización fue incorporado por el Gobierno apenas horas antes de su votación en la comisión respectiva, sin dar el tiempo necesario para un debate técnico suficiente ni para recabar antecedentes que permitan evaluar sus efectos ambientales. El Ejecutivo tampoco fue capaz de aclarar qué concesiones podrán acceder a este mecanismo, bajo qué criterios se autorizarán estos traslados o cuál será la carga adicional que deberán soportar los ecosistemas receptores.
Igualmente preocupante es la posibilidad de trasladar concesiones desde parques nacionales hacia otras áreas protegidas, como reservas nacionales o Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos, eliminando el requisito de que para relocalizar se requiere de un Plan de Manejo -algo esencial para evaluar si una actividad será compatible con los objetos de protección del área-. Esta fórmula permitiría además que empresas con un amplio historial de infracciones continúen operando en nuevos territorios protegidos, sin que ese prontuario constituya un impedimento relevante al momento de acceder al beneficio.
El problema no es solo teórico o hipotético; de aprobarse esta ley, empresas con un historial reiterado de incumplimientos ambientales podrían acceder a beneficios que hoy no tienen y que, francamente, si persisten en mantener sus incumplimientos nunca debieran tener.
Nova Austral es uno de esos casos: la compañía podría relocalizar al menos nueve concesiones desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hacia la Reserva Nacional Kawésqar, pese a acumular infracciones por sobreproducción, daño al fondo marino, manejo inadecuado de mortalidades, deficiente gestión de residuos, alteración artificial del sustrato marino y ocultamiento de información, antecedentes que incluso han derivado en múltiples sanciones para la compañía e, incluso, han llevado a la revocación de algunas de sus Resoluciones de Calificación Ambiental.
Por cierto, Chile necesita crecer, atraer inversión y generar empleo. Pero ese objetivo no puede construirse debilitando la protección ambiental ni premiando a quienes han demostrado una y otra vez tener dificultades para cumplir las reglas. El desarrollo sostenible exige precisamente lo contrario: certeza jurídica, instituciones que hagan valer la ley y empresas que respeten los límites que la normativa ambiental establece.
Nadie esperaría que una persona condenada reiteradamente por conducir en estado de ebriedad recibiera una licencia especial como recompensa, ni que quien acumula condenas por fraude obtuviera facilidades para administrar recursos públicos. Sin embargo, eso es precisamente lo que hoy se propone para una industria que mantiene uno de los historiales de incumplimientos ambientales más extensos del país: otorgarle nuevas oportunidades sin exigir antes un cumplimiento ejemplar de la normativa vigente.
El Senado aún está a tiempo de corregir este rumbo. Más que legislar para resolver las dificultades de una industria en particular, tiene la responsabilidad de hacerlo pensando en el interés general, en la protección del patrimonio natural de Chile y en la igualdad ante la ley. Porque cuando el Estado comienza a convertir los incumplimientos en beneficios, el mensaje que transmite es que respetar las reglas deja de ser un requisito para acceder a sus privilegios.
Roxana Núñez
Abogada de Greenpeace
