Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Las tensiones en Codelco continúan en aumento con las demandas de dos ex altos ejecutivos: César Márquez, exgerente de Presupuesto y Control de Gestión, que acusa a la empresa estatal de despido injustificado y presiones para cumplir metas de producción, y Mauricio Barraza, exvicepresidente de Operaciones, despedido tras un accidente en El Teniente. Ambos casos serán investigados por la Comisión Parlamentaria, que apunta a las responsabilidades de antiguas autoridades como Máximo Pacheco y Rubén Alvarado. Márquez busca reincorporación y compensación por daño moral, mientras que Barraza exige $1.142 millones de indemnización.
El exgerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, demandó a la estatal por despido injustificado y vulneración de derechos, afirmando que las cuestionadas cifras de producción de 2025 fueron conocidas por el directorio y que actuó bajo presión para cumplir las metas.
A este caso se suma la demanda del exvicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, quien reclama haber sido despedido injustamente tras el accidente en El Teniente.
Parlamentarios anunciaron que ambos casos serán revisados en la Comisión Investigadora y apuntaron a las responsabilidades de las antiguas autoridades de la empresa.
Demandas contra Codelco
El 6 de julio recién pasado, el exgerente César Márquez interpuso una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales por un despido que considera injustificado en el marco de la polémica por las cifras infladas en 2025.
Márquez rechaza todas las imputaciones, agregando que “todas sus acciones estuvieron en conocimiento del directorio” y que además fue presionado para lograr una meta de producción superior a la de 2024.
La denuncia busca, primero, la reincorporación inmediata en su mismo cargo e igual salario, de $24 millones, más los meses que no ha estado en su puesto y una indemnización por daño moral.
La abogada de la Universidad Central Lya Rojas, directora de Rojas Abogados, explicó que esto no lo exime de su responsabilidad necesariamente: “No existe en nuestra legislación un eximente de responsabilidad. Si se acredita que se actuó siguiendo órdenes de la alta administración, es importante determinar si es que la acción se cometió por una iniciativa propia en virtud de presiones de un superior”.
Y otro ejecutivo también demandó: Mauricio Barraza, exvicepresidente de operaciones, uno de los tres altos ejecutivos de El Teniente, que salió tras el trágico accidente que dejó seis fallecidos.
Barraza dice que no sabía que el sector Panel Invariante operaba sin autorización, pese a que en su carta de despido señala lo contrario. Por haber sido despedido de forma injustificada y otros reparos, Mauricio Barraza exige una indemnización de $1.142 millones.
Reacciones del Congreso
El diputado de UDI, Marco Antonio Sulantay, miembro de la Comisión Investigadora por este tema, dijo que Márquez debe ir a exponer ante el Congreso.
“Le he solicitado al presidente de la Comisión Especial Investigadora, Cristián Tapia, que invite a exponer al Ejecutivo que ingresó esta demanda laboral contra la cuprífera porque creemos que tiene información relevante”, confirmó el parlamentario.
El diputado presidente de la Comisión de Minería y Energía en la Cámara, Cristian Tapia, emplazo directamente a Máximo Pacheco, anterior presidente del directorio, afirmando que “aquí la responsabilidad directa de parte del directorio encabezado por Pacheco” y agregó a la cohesión sesionará en la región de O’Higgins.
En ambos casos, a juicio de los parlamentarios, también deben asumir responsabilidades el expresidente del directorio Máximo Pacheco y el expresidente ejecutivo Rubén Alvarado.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
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