La comodidad de vivir de las contribuciones versus hacer la pega

Hay una contradicción que cada vez cuesta más explicar. Durante años nos dijeron que la seguridad social existe para garantizar una vejez digna. Que llega un momento en la vida en que las personas tienen derecho a jubilar, dejar de trabajar y vivir con tranquilidad después de décadas de esfuerzo.

Pero el mismo Estado, que promete eso, les dice a millones de chilenos que existe una excepción, que ellos deben seguir generando ingresos hasta el día de su muerte para pagar contribuciones por la casa donde viven.

La casa propia ha sido una de las mayores conquistas sociales de mucha gente de esfuerzo en Chile. Representa años de trabajo, ahorro y mucho sacrificio. Por eso resulta inhumano que, incluso después de jubilar, una persona siga obligada a pagarle al Estado por la vivienda que logró construir durante toda una vida.

Si la sociedad reconoce que una persona tiene derecho a jubilar, también, como principio, debe reconocer que no puede seguir exigiéndole trabajar para financiar un impuesto asociado a su vivienda principal. Por eso valoro la reforma que permite a quienes acceden a la jubilación, a no seguir pagando contribuciones por la casa donde vive.

Pero incluso eso es insuficiente. Hoy el Estado se comporta como un acreedor más duro que cualquier banco. Retasa unilateralmente una propiedad y aumenta el cobro antes de que el propietario haya recibido un solo peso de ese mayor valor. Cobra, aunque exista cesantía, enfermedad grave o incapacidad para trabajar. Y mantiene la obligación incluso cuando la evidencia demuestra que la persona simplemente no puede pagar.

Necesitamos un sistema más racional. Uno que considere la tasación al momento de la compra como referencia principal y que incorpore mecanismos de protección para quienes enfrentan cesantía, discapacidad o enfermedades catastróficas. Porque una política justa distingue entre quien no quiere pagar y quien no puede hacerlo.

Algunos alcaldes han reaccionado afirmando que reducir las contribuciones pondría en riesgo el financiamiento municipal. Entiendo la preocupación, pero discrepo de la conclusión. Condicionar la justicia de un impuesto a las necesidades financieras del Estado es un error.

Primero debemos preguntarnos qué es justo cobrar. Después discutimos cómo financiamos los municipios. El fin no justifica los medios.

Existen fuentes de ingresos que hoy se cobran mal o simplemente no se cobran. Las tasas de evasión de derechos de aseo y patentes comerciales superan en muchos casos el 30%. Son recursos que pertenecen a los municipios y que nadie parece dispuesto a perseguir con la misma energía con que se cobran las contribuciones.

Vivir de las contribuciones es cómodo. Cobrar derechos municipales exige gestión, fiscalización y asumir costos políticos. Sospecho de aquellos alcaldes que defienden con tanta fuerza este impuesto, pero que a la vez no cumplen adecuadamente las funciones de cobrar los derechos municipales existentes. Si hay necesidad de recursos ¿Por qué no cumplen con esa parte de su pega?

La solución puede ser bastante simple. El cumplimiento de obligaciones municipales debe estar vinculado al acceso a derechos y permisos que otorgan los mismos municipios. No parece razonable renovar una licencia de conducir o un permiso de circulación cuando existen derechos de aseo impagos. Tampoco que una empresa opere normalmente si mantiene morosa su patente comercial y pueda declarar la renta.

Si se condicionara la obtención de dichos permisos o la declaración de impuestos al pago de esos derechos, se recaudaría mucho más de lo que se pierde por las contribuciones. Y ahora por el pago de un derecho justo -un servicio del Estado- y no un impuesto injusto -el pago de la contribución por casa propia en el momento de la jubilación.

Eso permitiría recaudar más, de manera más justa y vinculando el pago a servicios efectivamente prestados o actividades efectivamente desarrolladas. Por eso el debate no debiera ser si estamos a favor o en contra de las contribuciones. La pregunta correcta es ¿qué impuestos son más justos para financiar la vida en comunidad?

Y parece bastante más razonable que los municipios vivan de los servicios que entregan y de las actividades económicas que autorizan, que de ahogar a las familias por cumplir su sueño de tener una casa propia. Una vivienda no puede, no debe transformarse en un arriendo permanente al Estado.