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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El grupo empresarial peruano Gloria admitió haber pagado 200.000 euros al expresidente de España, Rodríguez Zapatero, para intermediar con autoridades bolivianas por una indemnización pendiente. Según la empresa, el exmandatario buscó un acuerdo entre Gloria y Bolivia en un caso de expropiación sin interferir en procesos judiciales. Gloria niega tráfico de influencias y asegura que la contratación fue legal. El conflicto se remonta a 2010, cuando Bolivia expropió acciones de una filial de Gloria.

El grupo empresarial peruano Gloria -dueño de varias empresas, entre ellas Soprole, y con presencia en varios países de la región- admitió haber pagado 200.000 euros en 2024 al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

En detalle, la compañía le pagó ese monto para que intermediara con las autoridades de Bolivia respecto a una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas, un hecho revelado en un informe de la Policía española.

La revelación forma parte de la respuesta (disponible al final de esta nota) enviada por Leche Gloria S.A. a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), luego de que el regulador solicitara explicaciones sobre las publicaciones periodísticas que vinculan al exmandatario español con gestiones realizadas en favor del conglomerado empresarial peruano en Bolivia.

Gloria confirma contratación de Rodríguez Zapatero

En la comunicación a la SMV de Perú, Gloria explicó que buscó la asesoría e intermediación de Rodríguez Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del conglomerado en Bolivia, recibiese la indemnización que le corresponde desde hace dieciséis años por la expropiación la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce tenía el 33% de las acciones.

“La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente”, explicó el grupo con sede en Lima.

“En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente”, añadió.

Según la empresa, el exgobernante brindó asesoría en “diversos aspectos comunicacionales e institucionales” vinculados a ese proceso.

Niega tráfico de influencias

El Grupo Gloria defendió la legalidad de la contratación de Rodríguez Zapatero y sostiene que la información difundida “no recoge información exacta”.

Por ello, rechazó la versión que señala que el expresidente español habría intervenido para influir en decisiones judiciales o políticas.

De acuerdo con la empresa, la participación de Rodríguez Zapatero se limitó a facilitar espacios de diálogo entre representantes del Grupo Gloria y autoridades del Estado boliviano con el objetivo de buscar una solución negociada al conflicto derivado de la expropiación de acciones de Fancesa.

El origen del conflicto

En un anexo remitido también a la SMV, Soboce explica que la controversia se remonta a 2010, cuando el Estado boliviano expropió el 33,34% de las acciones que la empresa poseía en Fábrica Nacional de Cemento S.A.

Aunque esa norma establecía el pago de una indemnización en un plazo de 180 días, la empresa sostiene que, dieciséis años después, la compensación continúa pendiente.

Soboce estima que el monto adeudado asciende aproximadamente a 296 millones de dólares, motivo por el cual inició acciones legales tanto en Bolivia como mediante un arbitraje internacional.

Sin impacto financiero para el Grupo Gloria

En su respuesta a la SMV, Gloria indicó que las publicaciones periodísticas no tendrán impacto económico ni financiero sobre sus empresas supervisadas por el mercado de valores peruano.

Asimismo, informó que sus órganos de gobierno no han elaborado informes especiales ni adoptado acuerdos relacionados con estas publicaciones y que no prevén efectos materiales en sus estados financieros.

La empresa sostiene que la información remitida a la SMV esclarece los hechos y considera que no existe documentación adicional que aportar sobre el caso.