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Hace poco menos de siete meses, José Antonio Kast se convirtió en el candidato presidencial más votado en la historia republicana de Chile. Su campaña se construyó sobre la promesa de retomar la senda del crecimiento económico, resolver la crisis de seguridad y terminar con el supuesto despilfarro de recursos públicos del Estado. A cuatro meses de haber asumido, sin embargo, el nuevo gobierno de derecha atraviesa una posición crítica.
El aumento del desempleo y del costo de la vida, sumado a las bajas expectativas de crecimiento, han minado la confianza ciudadana en sus promesas económicas. A ello se suman múltiples errores de conducción política y comunicacional en áreas tan sensibles para la población como la seguridad, los cuales han erosionado aún más la confianza inicial depositada en el nuevo gobierno.
En este escenario, la Fundación Nodo XXI presentó recientemente los principales hallazgos de la segunda versión de la encuesta “Chile Actual”. Los resultados muestran una alta desaprobación, cercana al 54%, sobre la forma en que José Antonio Kast conduce su gobierno, frente a una aprobación que apenas llega al 29,5%. Esta desaprobación se extiende también a la gestión de áreas clave para la ciudadanía, entre ellas Economía y Trabajo (nota 2,9 de un máximo de 7), Delincuencia y Seguridad (2,9) e Inmigración y Frontera (3,5). Pero más allá de estas cifras puntuales, el hallazgo más relevante de la encuesta es la falta de apoyo mayoritario a las principales reformas impulsadas por el gobierno de Kast, particularmente en materia económica y social.
La derecha radical llegó al gobierno capitalizando con éxito el malestar de un país cuya economía venía mostrando señales de debilidad desde hace al menos una década, y que atravesaba además por un importante deterioro de la seguridad pública. Los fallidos procesos constituyentes, por su parte, mermaron la confianza ciudadana en el horizonte de cambios promovidos por las distintas izquierdas.
Como respuesta a ese escenario, la administración de Kast ha impulsado con vehemencia, y sin mayor apertura al diálogo, una serie de reformas orientadas a reducir el rol del Estado en la sociedad y a reposicionar al gran empresariado como motor del desarrollo nacional. Estas políticas, no obstante, enfrentan una resistencia ciudadana considerable. Por ejemplo, un 50% de la población encuestada está en desacuerdo con la idea de que reducir impuestos a las grandes empresas facilita el crecimiento económico o genera empleo, noción que constituye el corazón de la megarreforma impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En la población persiste, en cambio, la convicción de que los ingresos están injustamente distribuidos y de que en Chile el esfuerzo no es recompensado como se debería. En coherencia con ello, un 71% de los encuestados esperan que el Estado adopte medidas firmes para reducir la desigualdad.
Estas expectativas respecto al rol del Estado también se reflejan en la valoración de reformas específicas impulsadas por el gobierno. Solo un 30% de la población consultada apoya bajar los impuestos corporativos del 27% al 23%, y apenas un 17% respalda recortar el gasto público si ello implica afectar beneficios sociales. El respaldo es igualmente bajo para otras políticas del gobierno, como el polémico embargo de la Tesorería General de la República a las cuentas personales de deudores del CAE.
La encuesta arroja otro elemento clave que vale la pena destacar. Paradójicamente, pese a la clara derrota del progresismo en las últimas elecciones presidenciales, varias de las medidas que ha impulsado en los últimos meses gozan de un alto respaldo social.
Un 66% de los encuestados está de acuerdo con avanzar hacia un Estado que invierta en infraestructura, industria y tecnología, incluso si eso implica subir los impuestos a las grandes fortunas y empresas. Asimismo, un 56% apoya restituir el MEPCO para estabilizar el precio de las bencinas, asumiendo los costos que ello conlleva, y un 61% respalda avanzar hacia una política de sala cuna universal con cargo al empleador. En otras palabras, la ciudadanía tiende a favorecer un mayor protagonismo del Estado tanto en lo social como en lo económico, incluso si eso supone más impuestos y mayor gasto público. Dichas posiciones, vale la pena destacar, son transversales a distintos grupos de la sociedad y permea incluso a quienes se identifican con la centro-derecha y la derecha política. Este respaldo permite cuestionar, además, la idea instalada de que Chile dio un giro hacia la derecha tras las elecciones de 2025, pues el combate a la desigualdad y la demanda de mayor seguridad social siguen vigentes en la sociedad chilena.
Es innegable que José Antonio Kast logró conectar con una fibra de la ciudadanía que, agobiada por el costo de la vida y la crisis de seguridad, vio en su discurso una opción viable de cambio. El presidente, sin embargo, interpreta erradamente a los chilenos si asume que ese apoyo se traduce en un respaldo mayoritario a su agenda económica. Aunque Chile respaldó su candidatura frente a la opción del entonces oficialismo, la apuesta del actual presidente por retomar el crecimiento y reformar la economía está lejos de generar adhesión transversal.
Por el contrario, los cuestionamientos a la ineficiencia de la administración pública y a la mala calidad de los servicios sociales, que la derecha capitalizó con éxito en su campaña de 2025, no se traducen en una aspiración a que el Estado se repliegue de la sociedad para darle más espacio al mercado y el gran empresariado. Todo lo contrario, lo que observamos son demandas por un Estado presente, que garantice tanto seguridad pública como social, enfrente la desigualdad que sigue determinando al país y asuma incluso un rol más protagónico en la economía.
El actual gobierno tiene razón al sostener que el país necesita reformas estructurales para alcanzar el desarrollo económico y responder a las demandas de bienestar de la ciudadanía. El problema radica en una falta de capacidad y flexibilidad para escuchar a un Chile que no pide menos Estado, sino uno mejor.
La transversalidad del rechazo hacia políticas emblemáticas del gobierno supone además una alerta para la propia derecha, en particular Chile Vamos, ante el riesgo de dilapidar su apoyo ciudadano al respaldar reformas que chocan con las expectativas ciudadanas. Por último, la delicada situación económica del país y la falta de políticas para enfrentarla abren una oportunidad para un progresismo que todavía busca un proyecto capaz de sintonizar con el sentir mayoritario tras su derrota de 2025. La izquierda y la centroizquierda debieran, por tanto, considerar las aspiraciones ciudadanas, contrarias al desmantelamiento del aparataje público y recortes sociales, al momento de tomar posiciones ante la agenda económica empujada por el gobierno de José Antonio Kast.
Juan Pablo Orrego Miranda
Investigador Fundación Nodo XXI
Candidato a Doctor en Política, Universidad de Edimburgo
