La megarreforma la pagas tú

En solo dos meses, este gobierno logró subirle la bencina a la gente, recortar programas sociales que prometió no tocar y, como remate, presentar una reforma tributaria que le regala miles de millones de dólares a quienes menos lo necesitan, bajo lo que se ha llamado “megarreforma”. Basta decir que el nombre le queda chico.

Porque cuando el Estado decide dejar de recaudar un estimado de entre 4.200 millones de dólares e incluso algunos estiman 4.800 millones de dólares al año, ese dinero no desaparece por arte de magia, se traslada. Los hospitales que no se amplían, las escuelas que no se construyen, los medicamentos que no llegan, los subsidios que se recortan: esa es la otra cara de esta reforma. Alguien paga la cuenta, y como siempre en nuestro país, no la pagan los que más tienen.

¿Quiénes ganan con la megarreforma? Los grandes grupos empresariales que se beneficiarán con la rebaja del impuesto corporativo; Chile, no. Los altos patrimonios se beneficiarán de la reintegración tributaria; la clase media, no. Las grandes inversiones quedarán blindadas tributariamente por 25 años, sin que ningún gobierno futuro pueda tocarlas. Las familias chilenas quedarán expuestas a los recortes que vendrán.

Y no es solo una opinión de la oposición. El propio Consejo Fiscal Autónomo advirtió que esta reforma genera un déficit fiscal persistente al menos hasta 2031, incluso en el mejor escenario posible. Identificó nueve riesgos directos para las arcas del Estado: desde el costo no compensado de la rebaja tributaria a las empresas, hasta mecanismos que podrían debilitar el cumplimiento tributario en el mediano plazo. El Consejo fue categórico: los costos llegan de inmediato y con certeza, mientras que los supuestos beneficios dependen de un crecimiento económico que nadie puede garantizar.

Y las alertas no provienen únicamente del Consejo Fiscal Autónomo. Un reciente informe elaborado por economistas vinculados a la oposición advierte que el costo fiscal de esta reforma podría ser incluso mayor al que reconoce el propio Gobierno.

Según sus estimaciones, la deuda pública podría superar el 49% del PIB hacia 2030 y el déficit estructural mantenerse por sobre los niveles proyectados por la Dirección de Presupuestos. Los autores cuestionan los supuestos optimistas sobre crecimiento económico y recaudación que sustentan la iniciativa, señalando que los beneficios prometidos son inciertos, mientras que la pérdida de ingresos fiscales es concreta y de efecto inmediato.

En otras palabras, incluso bajo evaluaciones externas, esta reforma aparece como una apuesta riesgosa para las finanzas públicas y para la capacidad futura del Estado de responder a las necesidades de la ciudadanía. En simple: el gobierno está apostando el presupuesto con plata de todos.

La pregunta de fondo es muy sencilla: ¿quién gana con este proyecto? No las familias trabajadoras que se levantan temprano, pagan sus impuestos y esperan servicios públicos dignos. No quienes han visto desaparecer programas sociales. No quienes han tenido que enfrentar el aumento del costo de la vida. Esta reforma sirve a quienes ya lo tienen todo y quieren asegurarse de que nada cambie. Eso también es una decisión política. Y tiene consecuencias.

Porque cuando el Estado se adelgaza para enriquecer a unos pocos, no son los poderosos quienes pagan las consecuencias. Las pagan quienes esperan una operación, quienes hacen filas en los consultorios, quienes luchan por llegar a fin de mes, quienes sueñan con estudiar o acceder a una vivienda digna. Esa es la verdadera cuenta de esta reforma, y esa cuenta la terminarán pagando quienes menos tienen, porque la megarreforma la pagas tú.