El Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades busca establecer una nómina nacional de personas condenadas por determinados delitos y faltas que afectan el orden público y la convivencia ciudadana. En este contexto, desde el gobierno indicaron estar abiertos al diálogo para recibir recomendaciones en esta materia.
De acuerdo con lo informado, esta iniciativa incluirá a quienes cometan delitos como agresiones a carabineros, daños a monumentos nacionales, instalación de barricadas y hechos vinculados a desórdenes graves.
Junto con ello, considera faltas e incivilidades como rayados en espacios públicos o privados, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y venta ilegal de alcohol.
La propuesta del gobierno ya estableció las líneas que le interesa seguir. No obstante, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, señaló estar abierto a la discusión y recibir otros puntos de vista.
“Esto ha venido siendo tratado por los alcaldes de las distintas municipalidades del país a través de ordenanzas. Nosotros queremos ampliar la discusión, la base de discusiones y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar. Evidentemente, acá tenemos que innovar”, sostuvo.
Uno de los fines de este registro es que las personas incorporadas podrían perder beneficios estatales como la gratuidad en Educación Superior, subsidios habitacionales o la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Reacciones desde el mundo político
Al respecto, desde la Comisión de Seguridad, el diputado Jaime Coloma (UDI) señaló que es una medida necesaria ante el acontecer nacional.
“Chile no puede seguir normalizando que se destruya, se raye, se saquee o bien se dañen los espacios públicos sin un costo real”, afirmó.
El diputado Jaime Araya (PPD) valoró la norma, pero advirtió que son necesarias consideraciones para que no afecte solo a las personas de menos recursos.
“Nosotros esperamos que durante el transcurso del debate legislativo se puedan hacer las correcciones para que esto no sea una norma que castigue solamente a la gente de menores recursos”, señaló.
Las perspectivas son variadas en el escenario político más amplio. Por su parte, la senadora independiente Fabiola Campillai criticó la medida por ser discriminatoria y solo castigar a las personas más pobres del país.
“Entonces esto es para la clase media, para la clase trabajadora, la clase obrera, pero para el 1% más rico del país, no. Así es que volvemos a decir: este gobierno quiere a los ricos más ricos y a los pobres más pobres”, argumentó.
La iniciativa fue firmada por el presidente esta semana y deberá iniciar próximamente su discusión para determinar si el país contará con un Registro de Vándalos y castigar a los mismos de manera más sistemática.
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