El crecimiento que la democracia necesita

El crecimiento económico no es una abstracción técnica reservada a los economistas. Es, antes que nada, una condición política. En una democracia, el crecimiento determina si hay recursos para satisfacer demandas sociales sin que unos ganen solo lo que otros pierden; si el Estado puede financiar derechos sin endeudarse irresponsablemente; si la ciudadanía tiene motivos para confiar en las instituciones. Ignorar esta dimensión política del crecimiento suele presentarse como prudencia tecnocrática; en el fondo, es ingenuidad o ceguera.

Pero no toda expansión económica sirve. La que importa en democracia es la inclusiva: la que amplía oportunidades para la mayoría y distribuye con suficiente amplitud como para que las personas sientan que el progreso también es suyo.

Una economía que aumenta las cuentas nacionales pero no avanza en la distribución del ingreso es, a la larga, un problema político tanto como económico.

Estancamiento y conflicto

La primera razón por la que el crecimiento importa en democracia es elemental: es mucho más fácil distribuir cuando el PIB crece que cuando está estancado.

Cuando la economía se expande, distintos actores sociales pueden mejorar simultáneamente su posición; cuando se estanca, cada avance de unos implica el retroceso de otros. La política se convierte entonces en un juego de suma cero, la polarización se agudiza y el conflicto distributivo se vuelve irreconciliable (Przeworski et al., 2000). La historia latinoamericana está llena de ejemplos en que el estancamiento económico precedió o agravó crisis institucionales severas.

Chile ofrece su propio ejemplo reciente. El estallido social de octubre de 2019 fue también el desenlace de años de crecimiento desacelerado, expectativas frustradas y la percepción extendida de que el grueso de los beneficios del desarrollo estaba capturado por pocos.

Como advirtió Dudley Seers hace más de medio siglo, aunque aumente el ingreso per cápita de un país, las variables que realmente determinan si hubo desarrollo son la pobreza, el empleo y la desigualdad; si cualquiera de ellas no mejora, es difícil hablar de progreso genuino (Seers, 1969).

El empleo como bisagra: La Ley de Okun

Entre todas las variables que conectan el crecimiento con la vida concreta de las personas, el empleo ocupa un lugar central. Y aquí conviene ser precisos sobre lo que la economía sabe —y a veces comunica mal.

Arthur Okun demostró empíricamente en 1962 que existe una relación sistemática entre la brecha del producto y la tasa de desempleo. Cuando el PIB crece por debajo de su potencial, el desempleo sube; cuando lo supera, baja. La implicancia práctica de ese hallazgo es que, para evitar que el desempleo aumente, la economía debe crecer establemente a una tasa cercana a su producto potencial, estimada habitualmente entre 2 y 3 puntos porcentuales anuales en la economía chilena.

La implicancia política es directa. Perder empleos es, ante todo, pérdida de ingresos, debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores y deterioro del tejido social. Por eso el crecimiento, en principio, trasciende los intereses empresariales y se convierte en una condición del bienestar colectivo.

El tipo de crecimiento importa tanto como su magnitud

Que el crecimiento sea necesario no significa que cualquier crecimiento sea suficiente. La evidencia acumulada muestra con claridad que el crecimiento concentrado en pocos sectores o en pocas manos puede coexistir con altos niveles de pobreza y desigualdad.

Thomas Piketty demostró que cuando la tasa de retorno del capital supera sistemáticamente al crecimiento económico, la desigualdad tiende a aumentar de manera estructural, incluso en períodos de expansión (Piketty, 2014).

Joseph Stiglitz, por su parte, ha argumentado que la desigualdad extrema es, al mismo tiempo, éticamente inaceptable y económicamente ineficiente, pues reduce la demanda interna, distorsiona los incentivos y captura las instituciones políticas en beneficio de los más ricos (Stiglitz, 2012).

El crecimiento inclusivo, en cambio, es aquel que eleva la productividad de la economía en su conjunto, genera empleos de calidad en sectores amplios, invierte en capital humano y distribuye sus frutos a través de mercados laborales más competitivos y de sistemas tributarios y de gasto social eficaces.

Amartya Sen lo formuló de manera más ambiciosa aún: el desarrollo auténtico consiste en ampliar las libertades reales de las personas, y el crecimiento económico es un medio poderoso para alcanzarlas, subordinado siempre a ese objetivo mayor (Sen, 2000).

La amenaza del crecimiento sin distribución

Daron Acemoglu y James Robinson mostraron que las naciones que prosperan a largo plazo son las que construyen estructuras institucionales inclusivas, es decir, aquellas que distribuyen el poder económico y político de manera suficientemente amplia como para sostener el dinamismo, la innovación y la legitimidad social. Las estructuras extractivas —las que concentran el poder en élites reducidas— pueden generar ciclos de crecimiento, pero no prosperidad duradera ni democracia estable (Acemoglu y Robinson, 2012).

Seymour Martin Lipset ya había advertido en 1959 que el desarrollo económico figura entre los requisitos sociales de la democracia. Las sociedades más prósperas tienden a sostener sistemas democráticos más estables, en parte porque amplían la clase media, en parte porque reducen los conflictos de suma cero y en parte porque fortalecen la cultura cívica (Lipset, 1959). La relación no es automática ni unidireccional, como la historia latinoamericana demuestra, pero la correlación es robusta y la intuición subyacente, sólida.

Los desafíos del presente: Automatización y emergencia climática

Dos grandes disrupciones del presente complican este cuadro y exigen actualizar el análisis.

La primera es la automatización acelerada y la irrupción de la inteligencia artificial. La historia sugiere que las grandes transformaciones tecnológicas históricamente han tendido a crear más empleos de los que destruyen a largo plazo, pero los costos de transición son reales, concentrados y políticamente explosivos.

Un crecimiento impulsado por tecnología que prescinda de políticas activas de reconversión laboral, protección social y redistribución de las ganancias de productividad puede elevar el PIB y al mismo tiempo fracasar como proyecto democrático (Rodrik, 2012).

La segunda es la emergencia climática. El crecimiento que destruye el capital natural es, en realidad, consumo anticipado del patrimonio de las generaciones futuras. Una democracia que sostiene su legitimidad en el bienestar presente a costa del bienestar futuro acumula una deuda política y ética que tarde o temprano se cobra.

La transición hacia economías bajas en carbono es, a la vez, una obligación ambiental y una oportunidad de crecimiento inclusivo, si se conduce con inteligencia política, generando empleos verdes, reduciendo la dependencia energética externa y construyendo infraestructura resiliente.

Crecer para qué

La pregunta que da título a esta columna tiene, entonces, una respuesta política antes que económica. El crecimiento importa porque sin él las democracias pierden la capacidad de cumplir sus promesas: no pueden garantizar empleo, no pueden financiar derechos, no pueden reducir la desigualdad, no pueden sostener la confianza ciudadana en las instituciones.

Pero esa respuesta lleva aparejada una condición. Importa el crecimiento inclusivo, el que amplía oportunidades, el que fortalece la clase media, el que reduce brechas. Un crecimiento que concentra, que excluye o que destruye el futuro para sostener el presente profundiza el problema democrático.

El desafío para Chile en esta década radica en reconciliar crecimiento y cohesión social. Porque una sociedad que no crece se paraliza, pero una que crece sin integrar termina fracturándose.