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Por
Diego Ibáñez
Senador de la República (FA)Alfonso De Urresti
Senador de la República (PS)
En medio de la discusión sobre la mal llamada “Ley de Reconstrucción Nacional”, el gobierno del presidente Kast instaló la falsa y primitiva dicotomía entre cuidar la naturaleza o crecer económicamente, como si fueran dos polos incapaces de convivir.
La absurda ridiculización de la Ley de Humedales Urbanos, la decena de reglamentos ambientales retirados sin ser reingresados o la desactivación por decreto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, constituyen una ofensiva radical y ultra ideologizada contra la protección del medio ambiente.
En la ley miscelánea en discusión, el presidente Kast propone que el Estado, con impuestos de todas y todos los chilenos, pague los gastos que una empresa realizó cuando su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por un tribunal. Bajo esta norma, los proyectos Pascua Lama o HidroAysén, cuyas RCA fueron anuladas por destruir glaciares o arriesgar inundaciones, le costarían millones de dólares al fisco, transfiriendo una responsabilidad propia del inversionista privado, al bolsillo de todos los contribuyentes. Una medida jamás antes vista desde que nació la legislación ambiental.
Sobre el punto, Felipe Riesco, exsubsecretario de Medio Ambiente del expresidente Piñera, ha sido categórico: “en materia ambiental, el proyecto misceláneo es un mal proyecto”, advirtió que “genera incentivos que no son sanos”. A saber, si cada sentencia anulatoria por afectar el medio ambiente activa automáticamente una obligación fiscal de restituir gastos al privado, se introduce una presión extra-jurídica sobre los tribunales: cumplir la ley pasa a tener un precio para el Estado de Chile. Se socializa un riesgo privado y se protege una inversión mal evaluada ambientalmente.
Por otro lado, el proyecto del Pdte. Kast reduce radicalmente las posibilidades de la ciudadanía para observar y participar de un proceso de evaluación ambiental. Esto porque exime de la regla general para ejercer la “invalidación de actos administrativos” cuando se trate de actos propios de la Ley de Autorizaciones Sectoriales, pasando de 2 años a 6 meses.
Además, el Gobierno está impulsando otra norma ambiental en paralelo, que establece un único recurso especial de 10 días para que una comunidad analice, reúna evidencia y formule argumentos jurídicos respecto de alguna norma técnica compleja. Así, se institucionaliza la desigualdad de armas entre grandes empresas y comunidades.
El Gobierno justifica lo anterior en la errónea tesis de que la normativa ambiental es responsable de la falta de inversión económica, sin embargo, los propios datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) lo desmienten. En los proyectos de mayor envergadura, cerca del 80% de los días de tramitación no corresponde a problemas de evaluación del Estado, sino a suspensiones solicitadas por los propios titulares para responder a sus observaciones técnicas.
El año 2021, de un promedio de 1.146 días de tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 904 fueron atribuibles a suspensiones solicitadas por los mismos proponentes. Y eso no es todo, los datos indican que el sistema aprueba el 93,4% de los proyectos que ingresan, por tanto, es totalmente falso que la institucionalidad ambiental impida la inversión.
En síntesis, lo que observamos en la ley miscelánea del Pdte. Kast es una forma de eliminar el rol del Estado y una renuncia definitiva para tener un sistema más eficiente en protección ambiental. Las regresiones propuestas ponen en jaque la biodiversidad nacional, la salud de las personas y la adaptación institucional al cambio climático. Una afrenta radical contra los ecosistemas y las próximas generaciones de chilenos y chilenas que no merecen retroceder lo avanzado.
Así como lo han experimentado los países de la OCDE, la aceleración de la inversión solo es sostenible si existen certezas mediante una mejora en la eficiencia de la institucionalidad que cuida el medio ambiente: con planificación territorial, más capacidad para evaluar y fiscalizar, con participación y diálogo social robusto. El desafío es construir un modelo que compatibilice la protección ambiental con un crecimiento sostenible, sin trasladar las consecuencias a los territorios y a quienes menos tienen para defenderse.
Chile no merece seguir repitiendo la imagen de edificios inundados sobre humedales, poblaciones amenazadas por incendios y riesgos climáticos, estudiantes intoxicados por metales pesados o glaciares que terminan perforados por negligencia institucional. Crecimiento sí, pero no a costa del futuro y de las próximas generaciones.
