El gobierno de José Antonio Kast enfrenta, en ese escenario, un desafío que excede ampliamente la agenda de ajuste fiscal o de reactivación económica de corto plazo.
En Auge y Decadencia de las Naciones, el economista Mancur Olson diseccionó lo que sucede cuando una sociedad transita desde el crecimiento acelerado hacia la estabilidad y luego el estancamiento.
En ese tránsito, argumentó Olson, proliferan inevitablemente grupos de interés que ya no se orientan a participar del dinamismo productivo, sino a extraer rentas de este. En lugar de crear riqueza, estos grupos perfeccionan el arte del cabildeo, la captura regulatoria y la presión política.
El resultado es una esclerosis institucional progresiva donde la sociedad pierde gradualmente su capacidad de innovar, de reasignar recursos hacia usos más eficientes y, en definitiva, de sostener la prosperidad que ella misma construyó. ¿Le suena parecido?
Lo que Olson describió en términos teóricos se vuelve, con el tiempo, una patología concreta y observable. La dinámica de la caza de rentas desplaza a la lógica productiva: los actores dejan de competir por agrandar el pastel y comienzan a disputarse las rebanadas, sin importar si ese proceso corroe las bases mismas que permiten seguir horneando.
La movilidad social deja de depender del esfuerzo y la productividad para convertirse en función de la capacidad de presión. Los grupos pequeños, pero organizados, logran un poder desproporcionado en ese contexto, bloqueando reformas que perjudiquen sus intereses o impulsando medidas redistributivas que los favorecen. La política, en ese contexto, degenera en un juego de suma cero donde el horizonte estratégico de los actores se reduce al ciclo electoral más próximo.
Chile exhibe hoy síntomas alarmantes de este diagnóstico advertido por Mancur Olson hace cuarenta años. La multiplicación de partidos políticos sin propuesta sustantiva y de grupos de presión que se autodenominan coordinadoras —sin representatividad formal ni responsabilidad programática— ha saturado la agenda pública de ruido.
Ninguno ofrece una visión seria de políticas públicas de mediano o largo plazo; todos compiten, en cambio, por instalar la consigna del día, el conflicto de la semana, el escándalo del mes.
El resultado es una conversación pública atrapada en la banalidad y el cortoplacismo, incapaz de abordar los problemas estructurales que condicionan el futuro del país. Como por ejemplo el envejecimiento de la población y la baja natalidad.
Mientras tanto la discusión se fragmenta en voladeros de luces, el Estado crece de manera mórbida: se acumula legislación redistributiva sin evaluación de impacto, se distribuyen rentas entre clientelas político-electorales y el entramado regulatorio se vuelve progresivamente más denso, más opaco y más costoso para quienes quieren invertir o emprender.
Esto es, precisamente, lo que Olson llamó esclerosis: no un colapso súbito, sino un agotamiento lento y silencioso de los mecanismos que hacen funcionar una economía y una sociedad.
El gobierno de José Antonio Kast enfrenta, en ese escenario, un desafío que excede ampliamente la agenda de ajuste fiscal o de reactivación económica de corto plazo.
El problema de fondo no es solo el despilfarro de recursos públicos ni la falta de inversión: es que Chile ha construido, en los últimos años, un ecosistema institucional y político que premia la astucia política por encima de la productividad, el mérito y la innovación.
Revertir esa lógica requiere reformas que toquen intereses consolidados, que enfrenten la resistencia de quienes se han acomodado en la extracción de rentas, y que sean capaces de restituir la confianza en el valor del esfuerzo individual y colectivo.
La urgencia de esa tarea se agrava por un dato demográfico que no admite dilaciones: Chile envejece aceleradamente y registra una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Una sociedad que se contrae y envejece dispone de menos tiempo y menos margen para postergar las reformas que definen si su decadencia será inevitable o si todavía es posible revertir el rumbo.
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