"No sé si podré seguir": el ajuste que está desarmando el histórico sistema universitario argentino

Argentina se destacó siempre en la región por ser el país de las universidades públicas, gratuitas y de calidad. Por recibir a miles de estudiantes de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, que eligieron Buenos Aires o Córdoba para formarse como médicos, abogados o ingenieros, a costo cero. Esa ventaja comparativa —que construyó generaciones y atrajo talentos— está hoy en disputa.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, el sistema universitario nacional sufre el ajuste más brutal de su historia reciente, con un recorte de más de 40% en los salarios docentes, cierre de comisiones, laboratorios sin insumos, obras paralizadas y menor cantidad de becas para alumnos.

Valentina tiene 23 años y cursa el tercer año de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este año se postuló, por primera vez desde que entró a la carrera, para pedir una beca. “Siempre estuve bastante justa, pero hasta el año pasado me alcanzaba para los colectivos y la comida. Este año, ya no llego. Y mirá que vivo con mi mamá”, cuenta en diálogo con BioBioChile.

Como le rechazaron la beca, Valentina evalúa cursar menos materias, para poder liberar horas en las que podría trabajar. “No puedo seguir al ritmo que venía. Y tampoco sé si la facultad va a seguir igual el año que viene”, lamenta.

Los números del desfinanciamiento

El presupuesto universitario cayó un 36,4% en tres años desde que asumió Javier Milei como presidente de Argentina, de acuerdo al Informe de Situación del Sistema Universitario elaborado por FEDUN y el CIICTI.

El financiamiento pasará de representar del 0,72% del PBI en 2023 al 0,43% este año. Las universidades nacionales perdieron, en términos acumulados, el equivalente a más de un año entero de financiamiento desde que asumió el gobierno actual.

El grueso del ajuste cayó sobre los salarios docentes y no docentes—que representan el 86,9% del gasto universitario—, con una reducción presupuestaria del 43,2% entre 2023 y 2026. Alrededor del 75% del personal universitario percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza.

“Es cada vez más difícil ocupar las comisiones, y hay muchas que se tienen que cerrar. Eso implica menos oferta horaria, cursos hacinados, y recursos humanos valiosos que se van del sistema público”, describe en diálogo con BioBioChile Germán Pinazzo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

El recorte también se produjo en los gastos de funcionamiento, que cayeron 57,1%, y programas enteros prácticamente desaparecieron: el presupuesto para FUNDAR, destinado al financiamiento de la investigación científica y tecnológica, se redujo un 89,7%; para el Desarrollo de Proyectos Especiales, orientado a iniciativas innovadoras y estratégicas, un 91,6%; y la Promoción de Carreras Estratégicas, que impulsa la formación en áreas clave como ingenierías y ciencias, un 77,4%.

“No se dejó de hacer nada del todo, lo que pasa es que se va deteriorando el funcionamiento de la universidad de una manera sistemática y progresiva”, continúa

Pinazzo, que describe el accionar del gobierno como un “ajuste de pinzas”, que impacta en la renovación de equipos de laboratorio, obras de la universidad o hasta la reposición de proyectores o bancos si se rompen.

Efectos visibles en las aulas

Paloma Estigarribia se recibió el año pasado en Comunicación Social en la UNQ. “Antes había muchos horarios para anotarte a materias. Pero ya no más, ciertas cátedras se cerraron y, sobre todo, profesores muy buenos que yo pude aprovechar en la cursada, tuvieron que irse al sistema privado”, cuenta a BioBioChile.

Las condiciones edilicias también lo reflejan: “El invierno pasado, mi último año de cursada, sentí el frío en el aula, porque la universidad está en modo ahorro. Ibas al baño y faltaba papel higiénico, antes no pasaba eso”.

Cuenta que, desde que entró a la universidad, hubo momentos de ajuste, pero el año pasado fue de lo peor. “Hice mucho esfuerzo para terminar con la carrera, porque no sabía que iba a pasar con la Universidad. Todavía no lo sé, la verdad. Yo soy primera generación universitaria en mi familia; no tengo plata para pagarme esta carrera en una universidad privada”. Los aranceles mensuales de la carrera de comunicación van de 400.000 a 1.000.000 de pesos por mes (entre 390 y 970 dólares al tipo de cambio oficial), dependiendo la universidad. Para una familia de clase media, o para la primera generación universitaria de un hogar —que es el perfil mayoritario en las universidades nacionales que no son la UBA—, esos valores son prohibitivos.

Daniel Fihman, vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), agrega que más del 80% de los alumnos de la universidad trabaja o busca empleo.

Una ley ignorada

El conflicto por el financiamiento universitario se da no solo en las aulas, sino también en el Congreso. En agosto de 2025, diputados y senadores aprobaron la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, que contemplaba una recomposición presupuestaria y una recuperación del salario docente acorde a la inflación.

El Poder Ejecutivo vetó la norma semanas después. Sin embargo, el Congreso insistió en su aprobación, dejándola firme. Aun así, el Gobierno suspendió su aplicación mediante un decreto, argumentando la falta de partidas presupuestarias específicas.

La decisión fue judicializada y, en diciembre de 2025, un fallo ordenó al Estado cumplir con la ley. En lugar de implementarla, el Gobierno envió en febrero de 2026 un proyecto para modificarla, con una propuesta de aumentos significativamente menor a la establecida originalmente.

Según el análisis de una consultora privada, si la ley hubiera sido aplicada, el presupuesto salarial habría crecido un 36,3% real respecto de 2025, ubicándose apenas 2,7% por debajo del nivel de 2023. El proyecto del Ejecutivo, en cambio, propone aumentos del 4,1% en tres

cuotas trimestrales, totalizando un 12,3% en el año —insuficiente incluso para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada de 20,3% hasta septiembre.

Un futuro en disputa

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó hace pocos días a una cuarta marcha federal universitaria para el próximo 12 de mayo.

Desde la Universidad Nacional de Quilmes, su vicerrector Daniel Fihman plantea una mirada apoyada en el plano institucional: “El Parlamento argentino, a partir del fuerte reclamo de la sociedad en su conjunto, ha decidido financiar el sistema universitario y ha dispuesto los recursos para ello.

Lamentablemente, el Poder Ejecutivo Nacional se niega a cumplir la ley. No imaginamos una Argentina sin futuro y no imaginamos un país en el que no se cumpla la ley.”

Germán Pinazo advierte sobre los riesgos si la situación se prolonga: “Si el gobierno sigue con este desfinanciamiento sistemático, el panorama es muy desalentador. No quisiera ser tremendista en las declaraciones, pero está en riesgo el sostenimiento de la educación superior en Argentina”.