Pequeños constructores de Los Ríos acusan millonarios perjuicios por viviendas con subsidio habitacional terminadas, recepcionadas y habitadas, pero cuyos pagos no han sido cursados por el Serviu.
Uno de los afectados es Claudio Barría, de La Unión, propietario de Constructora Barría, quien relató a La Radio que ejecutó una vivienda rural en Río Bueno por cerca de $28 millones, asociada a un subsidio obtenido por el beneficiario.
Según explicó, la casa fue terminada y recepcionada por el municipio y el propio Serviu. Sin embargo, al iniciar el cobro, se le informó que el subsidio estaba vencido y que no sería posible cursar el pago.
Barría fue a Contraloría, argumentando un eventual enriquecimiento sin causa, ya que los recursos habrían llegado a la región desde Santiago y estarían disponibles.
El organismo resolvió a su favor e instruyó al Serviu de Los Ríos realizar el pago en un plazo de 15 días, pero a casi un mes de la resolución, el dinero aún no ha sido pagado.
“Tengo toda mi inversión en las casas y materiales también; así que quedé sin plata. Ahora para sobrevivir tuve que meterme al banco, estoy endeudado. Lo que yo había comprado en materiales para seguir trabajando y había invertido toda mi plata. Por eso ninguna empresa quiere hacer casas rurales“, señaló.
Retraso por cambios normativos y pandemia
Un segundo caso afecta a Joseph Soto, de la Sociedad Constructora Syr Social limitada, quien construyó una vivienda en Valdivia asociada a un subsidio otorgado en 2019.
El pequeño empresario explicó que la obra comenzó en 2020 por un monto cercano a los $28 millones, pero el proceso se retrasó por cambios normativos, problemas administrativos y la pandemia.
Pese a que la casa obtuvo permiso, recepción definitiva y revisión del Serviu, el subsidio venció el 24 de junio de 2024. La carpeta de pago fue ingresada en diciembre del mismo año, sin que hasta ahora sea cursada.
Soto afirmó que el Serviu ha centrado su rechazo en una solicitud de prórroga observada, pero insistió en que no pide una extensión de plazo, sino el pago fuera de plazo de una casa ya construida, recepcionada y habitada.
Agregó que, tanto en su caso como en el de Claudio Barría, desde el organismo les plantearon como alternativas demandar a los propietarios o demoler las viviendas, opciones que calificó como inviables por el perjuicio para ambas partes.
“No es viable, porque al final qué va a pasar. Que la gente, al demoler la casa, va a tener un subsidio vigente, que obviamente nunca lo ocuparon, pero como ya tienen un permiso de edificación y una recepción de una vivienda, no les van a volver a otorgar un subsidio nuevo“, recalcó.
Subsidios de construcción en sitio propio
Consultado por La Radio, el director regional subrogante, Mauricio Carrasco, explicó que ambos casos corresponden a subsidios de construcción en sitio propio, regulados por plazos máximos de vigencia.
Según indicó, de acuerdo con los antecedentes revisados, ninguno de los dos subsidios cumpliría actualmente con los requisitos para cursar el pago.
En el caso de Claudio Barría, el servicio está a la espera de un pronunciamiento definitivo de Contraloría, mientras que en el de Joseph Soto sostuvo que el permiso correcto habría ingresado fuera de plazo. No obstante, clarificó que, sí Contraloría resuelve que se les debe pagar, lo harán.
“Desde la fecha de inicio, ya están todas las prórrogas que se podían dar, son 60 meses, que son cinco años. Si en esos cinco años en la modalidad que ellos están presentando, no se ingresó en la recepción definitiva de obras, no podemos ampliarlo por 180 días para generar el pago“, aseveró.
“Si nosotros tenemos un informe de Contraloría que nos diga si corresponde el pago; nosotros tenemos algunas imputaciones presupuestarias que podemos ocupar cuando existen este tipo de dictámenes, más allá de que el marco normativo de las condiciones o requisitos que se exigen no se cumple a cabalidad”, resaltó.
Pese a esta explicación, los afectados insisten en que las viviendas fueron construidas, recepcionadas y actualmente están habitadas, por lo que no descartan solicitar una reunión conjunta con los beneficiarios y el Serviu e iniciar acciones judiciales si no reciben una respuesta favorable.
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