El doble discurso del exministro no solo resulta reprochable, sino derechamente imperdonable e insultante para quienes hoy deben asumir y costear las consecuencias de su gestión
Curiosa, por decirlo con suavidad, fue la defensa de Mario Marcel al sostener que a una empresa no se la evalúa por el tamaño de su caja. La frase, aislada, puede parecer razonable. El problema es que omite que una empresa tampoco se mide solo por una frase ingeniosa, sino por su rendimiento, su flujo, su liquidez, el control del gasto y la responsabilidad con que administra recursos ajenos, además de su capacidad de reestructurarse para responder a una crisis, a una emergencia o a una gestión defectuosa.
Ahí aparece la contradicción. Si el Estado debe examinarse con un criterio parecido al de una empresa —lo que comparto—, entonces también deben existir consecuencias cuando la gestión falla —lo que no ocurrió—.
En una empresa, las metas incumplidas, las proyecciones fallidas, el gasto desproporcionado y el aumento del endeudamiento no se premian; al contrario, se corrigen, se auditan y se reemplaza a los responsables. Correlativamente, cuando vimos indulgencia, máximas calificaciones y premios -a través de PMG- a quienes administraron deficientemente el aparato público, fuimos testigos de una verdadera alegoría a la mediocridad.
Por eso resulta difícil entender, por ejemplo, la defensa de Marcel a la exdirectora de Presupuestos (cargo que él ejerció en el año 2000), a quien calificó como la mejor en dicho puesto desde el retorno a la democracia. Pero si ella hubiese sido evaluada bajo un estándar empresarial, habría sido rápidamente removida y -obviamente- no elogiada ni menos premiada, ya que equivocarse en un par de ceros en materia económica es un error de fondo y no de forma.
En ese contexto, la advertencia del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el problema de caja es profunda y acertada. Saber cuánto dinero hay y por qué, lo hace cualquier administración responsable. No porque esa variable lo explique todo, sino para alertar sobre algo básico: no hay política pública sostenible si el gasto se aleja de la realidad, especialmente cuando se constata que las prioridades respondían a ideologías y no a urgencias.
No es casual que el propio presidente José Antonio Kast haya advertido que, frente a recursos escasos, las prioridades son claras: primero están quienes no tienen para comer, vivienda o seguridad, “no es una batalla cultural, es social, de pobreza”. Esa definición, fija el criterio de una administración responsable y propia de un Estado Subsidiario: priorizar a las personas sobre lo ideológico.
El mayor error de Marcel fue, precisamente, invertir ese orden: priorizar la agenda del Frente Amplio, administrando las arcas fiscales como un trampolín financiero de la extrema izquierda, principalmente a través de sus fundaciones, sin considerar los efectos perversos que ello provocó.
Esta paradoja refleja lo pueril de su crítica, al usar criterios de empresa para evaluar al Estado, pero aplicar caprichos ideológicos o de nicho para administrar sus recursos. Si incluso celebró resultados que serían inaceptables en cualquier organización seria, como ocurrió al festinar un crecimiento del 0,2% en 2023. Ello constituye otra manifestación de esta alegoría a la mediocridad.
Porque ningún empresario premiaría a quien agotó los recursos disponibles, se endeudó reiteradamente para sostener la gestión, gastó los fondos de emergencia, dejó a CORFO con patrimonio negativo, impulsó una reforma tributaria encubierta mediante una reforma previsional —creando, en la práctica, un impuesto al trabajo— y, aun así, legó un escenario patrimonial crítico en todos los sectores bajo su administración.
Si vamos a tomar en serio la crítica de Marcel, corresponde también preguntarse quién es Marcel. Porque, en definitiva, son los actos —y no los títulos que adornan una pared— los que definen a las personas. Bajo ese estándar, el doble discurso del exministro no solo resulta reprochable, sino derechamente imperdonable e insultante para quienes hoy deben asumir y costear las consecuencias de su gestión.
Un Estado en crisis —incapaz incluso de otorgar techos para damnificados o insumos básicos como anestesia en los hospitales— no se rescata con políticas de perspectiva de género o una agenda LGTBIQ+, ni tampoco a base de sobrendeudamiento, repitiendo las malas prácticas de administraciones anteriores. Más aun considerando que, en el Estado —a diferencia de una empresa—, se administra capital ajeno y no el propio, lo que exige el máximo estándar de responsabilidad.
Por ello su crítica es pueril y reflejo del doble estándar, al no haber aplicado dicha vara cuando estuvo a cargo de la cartera de Hacienda, más cuando los resultados de su gestión no fueron errores, sino que decisiones conscientes, lo que se confirma ante la ausencia de autocrítica. En efecto, en una empresa es el rigor y la prolijidad en el actuar lo que se valora y no la mediocridad que repetidamente justificó, toleró y premió.
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