El camino fácil: que otros paguen

¿Por qué siempre la cuenta llega primero a la mesa de las familias y nunca a la de quienes toman las decisiones? Esa es la pregunta incómoda que deja la forma en que el gobierno de José Kast ha enfrentado la actual crisis. Porque antes de que el precio de los combustibles golpeara el bolsillo de millones de chilenos, existían alternativas reales, disponibles y responsables para amortiguar el impacto.

El Estado no estaba de manos atadas. Al cierre de 2025 y principios de 2026, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) de Chile contaba con cerca de 3.900 millones de dólares. Para algo existe: justamente para momentos en que la economía se tensiona y se requiere proteger a la ciudadanía.

También estaba la posibilidad de recurrir a deuda en condiciones favorables, aprovechando tasas que aún permiten financiamiento razonable sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Y, quizás lo más evidente, estaba la decisión política de no seguir debilitando la recaudación con rebajas tributarias a los sectores de mayores ingresos o insistir en mecanismos como la reintegración, que significan miles de millones de dólares menos para el fisco.

Entonces la pregunta no es técnica, es política: ¿por qué no se tomó ninguna de estas alternativas antes de hacer que las familias chilenas pagaran la crisis? ¿Por qué el ajuste siempre parte por el bolsillo de la clase media y los sectores más vulnerables, mientras otras opciones ni siquiera se ponen sobre la mesa?

Parece que, en el afán de instalar un relato de “gobierno de emergencia” —pero sin una emergencia real que lo justificara— José Kast y su equipo optaron por forzar las condiciones para que esa emergencia existiera. No se trata solo de omisiones, sino de decisiones que, en la práctica, empujaron al país hacia una situación más crítica de la que era necesario enfrentar.

Porque aquí no hubo sorpresa ni falta de herramientas. Hubo una decisión consciente de evitar costos hacia arriba y trasladarlos hacia abajo. Se prefirió no incomodar a quienes más tienen, ni tensionar al propio gobierno con decisiones difíciles, se optó en cambio por el camino más fácil: que el impacto lo absorban quienes menos margen tienen.

Y eso es lo que termina erosionando la confianza. No solo por el efecto económico inmediato, sino por la sensación —cada vez más instalada— de que, en Chile, las crisis no se enfrentan de manera justa, sino que se distribuyen de forma profundamente desigual. Porque cuando sí había alternativas, pero no se usaron, lo que queda en evidencia no es un error: es una elección.