Soluciones urgentes ante la corrupción municipal

Los últimos resultados de la Encuesta de Corrupción 2025 de LyD, revelan datos que ponen en alerta: las municipalidades son mencionadas como las instituciones públicas donde hay mayores niveles de corrupción (obteniendo un 7,9 en una escala de 1 a 10 puntos, donde este último es el peor resultado). Y en el ránking de percepción sobre entidades donde hay irregularidades, nuevamente estas organizaciones aparecen en los puestos más altos.

Las causas de este deterioro no obedecen solo a los escándalos mediáticos -como el caso luminarias, licencias de conducir fraudulentas o malversación de fondos públicos, entre otros-, sino que reflejan un modelo de gestión municipal en crisis, donde los incentivos en transparencia son mínimos, las instituciones no dialogan entre sí, las unidades de control interno se encuentran sobrecargadas y la participación ciudadana es más formal que vinculante, lo que impide un control de cuentas realmente efectivo.

Los municipios constituyen la primera puerta de entrada al Estado para la ciudadanía y, por ende, requieren de una intervención mayor que involucre, no solo el diagnóstico de la situación actual, sino también alternativas estructurales. Para ello, la interoperabilidad de Estado es fundamental, las instituciones deben poder comunicarse y transferir datos en tiempo real fortaleciendo el accountability.

Resulta clave modernizar la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades en lo relativo a modificaciones presupuestarias y a la fiscalización, pues muchas veces no puede ser ejercida por los concejales, debido a vacíos legales.

Lo anterior refiere, por ejemplo, a la citación de concejos extraordinarios para realizar cambios presupuestarios donde los concejales no reciben los informes que explican las razones de esas variaciones. Muchas veces es ahí donde se producen actos de corrupción.

Además, consideramos que las autoridades y funcionarios requieren una formación obligatoria en materias de ética pública y gestión municipal, junto a la creación de un sistema de integridad local que garantice canales de denuncia y consulta.

Estas propuestas exigen que haya voluntad política. Sabemos que la realidad de nuestras 346 comunas es amplia y que requieren ser intervenidas de acuerdo a su contexto específico.

Sin embargo, a nivel nacional la confianza de la ciudadanía reporta una manifiesta distancia entre lo que la gente espera y lo que los tomadores de decisión consideran relevante de discutir.