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Cuando los canales institucionales fallan y las advertencias se hacen públicas, la confianza entre el Estado y sus fuerzas se erosiona.
La crisis presupuestaria que afecta a las Fuerzas Armadas ya no puede explicarse como un problema administrativo o de “ajuste técnico”.
Cuando los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea advierten públicamente que no hay recursos para pagar sueldos, mantener operaciones o desplegar personal, el país enfrenta un síntoma más profundo: el debilitamiento progresivo del aparato estatal que garantiza la soberanía, el orden y la seguridad nacional.
El comandante en jefe del Ejército fue categórico ante el Congreso: “No estamos en condiciones de terminar el año”, afirmando que no hay presupuesto suficiente ni siquiera para resguardar las elecciones ni para mantener los despliegues militares en las macrozonas norte y sur.
Según cifras oficiales citadas por los mandos, el déficit operativo supera los $40 mil millones, de los cuales $14 mil millones corresponden a operaciones en terreno. Es decir, los recursos que permiten al Estado ejercer control efectivo sobre su territorio.
Mientras tanto: más exigencias y menos recursos
Así las cosas, resulta paradójico: mientras el Estado amplía las funciones de las Fuerzas Armadas —control migratorio, apoyo en catástrofes, presencia en zonas de conflicto interno y hasta custodia electoral—, los presupuestos destinados a esas tareas permanecen congelados o en retroceso.
No se trata de un reclamo corporativo; se trata de una contradicción estructural: el Estado pide más a sus instituciones estratégicas, pero no les da los medios para cumplir.
Quisiera creer que es una cuestión de orden administrativo. Y es que recortar o limitar los fondos de defensa en un contexto de complejidad regional, migración desbordada y crimen transnacional equivale a debilitar el músculo institucional que garantiza la continuidad del Estado mismo.
Una Fuerza Armada sin medios adecuados no solo pierde capacidad operativa: pierde también moral, profesionalismo y disuasión. Usted que está leyendo, cómo se sentiría si sabe que los recursos que tiene en la caja son inciertos…¿acaso no privilegiaría su uso?
El mensaje del Ejecutivo y la duda ciudadana
Ante las advertencias de los mandos, la ministra de Defensa declaró que el Ejecutivo transferirá durante este mes los recursos necesarios para que el Ejército cubra su déficit y pueda llegar a fin de año y que el Presupuesto 2026 no contempla recortes para las Fuerzas Armadas. Esa aclaración es relevante y bienvenida.
Sin embargo, esa afirmación no borra el hecho expuesto con instituciones que ya han debido suspender mantenimientos, restringir contrataciones y ajustar funciones esenciales.
Un presupuesto “de continuidad” no repara una deuda acumulada. No basta con prometer estabilidad futura: hay que resolver el presente.
La defensa no es un gasto, es una garantía
El debate sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas no es contable: es político y ético. Un Estado responsable puede discutir prioridades, pero no puede debilitar sus instituciones esenciales.
Sin seguridad territorial ni capacidad logística no hay desarrollo sostenible ni confianza ciudadana.
Por tanto, Chile necesita un pacto nacional de Estado que asegure la operatividad de sus instituciones estratégicas, con transparencia, rendición de cuentas y control civil, pero sin desmantelar su base operativa. La seguridad no puede ser la variable de ajuste de la contabilidad fiscal.
Una señal preocupante
Que las Fuerzas Armadas deban salir públicamente a advertir que no podrán cumplir con sus funciones revela una fractura en la gestión pública. Cuando los canales institucionales fallan y las advertencias se hacen públicas, la confianza entre el Estado y sus fuerzas se erosiona.
Y cuando eso ocurre, el riesgo deja de ser financiero y pasa a ser político.
Finalmente, si se exige mayor presencia militar en fronteras y durante procesos electorales, se deben entregar los medios para que esa misión se cumpla. El Estado no puede seguir tratando la defensa como un gasto prescindible.
No olvidemos que la austeridad es una virtud solo cuando no debilita lo esencial. Hoy lo esencial —nuestra seguridad, soberanía y estabilidad institucional— está siendo puesto a prueba.
